(El Economista, 08-06-2026) | Laboral
El aumento del empleo público en España, que supera proporcionalmente al crecimiento del sector privado desde el final de la pandemia, se ha convertido en una tendencia recurrente trimestre tras trimestre. Dentro de este fenómeno, sin embargo, destaca de forma menos visible el fuerte crecimiento de las plantillas en el ámbito de las empresas públicas y entidades vinculadas a las distintas administraciones.
Según advierten distintos expertos, estas entidades presentan un nivel de opacidad superior al de otros organismos públicos, lo que dificulta su seguimiento y control. En conjunto, suman cerca de 200.000 trabajadores, la cifra más elevada en más de dos décadas según la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos actualizados al primer trimestre de 2026.
Aunque este volumen es reducido en comparación con los más de tres millones de empleados públicos existentes en España, su evolución es especialmente significativa. Este segmento es el que registra el mayor dinamismo dentro del conjunto del sector público. Entre 2024 y 2026, su plantilla ha crecido por encima del 20%, mientras que en el último año el incremento ha sido cercano al 11%. En contraste, el personal de la Administración General del Estado ha aumentado menos de un 7%, el de las comunidades autónomas un 3,8% y el de las entidades locales menos del 1%.
La estructura de estas empresas públicas es compleja y extensa. Según los datos del Ministerio de Hacienda, existen más de 4.000 entidades vinculadas al sector público en sus diferentes niveles administrativos. De ellas, alrededor de 500 dependen de la Administración central, casi 1.300 de las comunidades autónomas y unas 2.560 de las entidades locales, donde este tipo de organismos tiene una presencia especialmente amplia.
Esta proliferación no es el único aspecto que genera preocupación. Diversos análisis apuntan a las dificultades de control y fiscalización de estas entidades, algunas de las cuales no están sujetas a mecanismos de supervisión previos sobre su gasto. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha identificado más de 280 entidades sin control previo completo, a pesar de que en ellas se detectan riesgos relevantes en la gestión financiera, posibles incumplimientos normativos o errores contables que podrían afectar a la fiabilidad de sus cuentas.
A ello se suma la cuestión de la eficiencia. Según el Banco de España, la deuda conjunta de las empresas públicas ha superado recientemente los 41.000 millones de euros, situándose en niveles similares a los registrados hace una década, cuando alcanzó algo más de 42.000 millones. Esta evolución reabre el debate sobre la sostenibilidad y la eficacia del conjunto del entramado empresarial público.
En este contexto, los especialistas señalan que el crecimiento de estas entidades no siempre va acompañado de mejoras equivalentes en transparencia o eficiencia, lo que refuerza las dudas sobre su dimensión y su papel dentro del conjunto del sector público.