(Expansión, 06-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El conflicto en Oriente Próximo amenaza con reducir la competitividad de las empresas y afectar también a las exportaciones. Sectores como la logística, el transporte, la industria con alto consumo energético y la agricultura se perfilan entre los más perjudicados por el aumento del precio de la energía. Además, los cambios en las rutas y dinámicas del comercio internacional están obligando a las compañías a acelerar la elaboración de planes de contingencia.
La guerra plantea una doble presión para el tejido empresarial. Por un lado, ya se están notando los mayores costes energéticos derivados del encarecimiento del gas y el petróleo. Por otro, existe el riesgo de un choque comercial con Estados Unidos si se materializan las amenazas lanzadas por Donald Trump en relación con la postura del Gobierno español respecto al conflicto con Irán. Los empresarios asumen que el incremento de los precios de la energía puede reactivar tensiones inflacionistas, pero también alertan de otros efectos indirectos, como la posible reducción de inversiones internacionales o el encarecimiento del crédito. Todo ello podría reducir los márgenes empresariales y debilitar la competitividad del sistema productivo, con consecuencias inciertas para la actividad exportadora, uno de los motores del crecimiento económico reciente.
Aun así, las principales organizaciones empresariales consultadas señalan que las empresas han ganado capacidad de adaptación tras años marcados por tensiones geopolíticas y disputas comerciales, por lo que confían en poder mitigar los efectos más negativos del conflicto. También recuerdan que el comercio español con los países directamente implicados es relativamente reducido, aunque insisten en la necesidad de mantenerse alerta y preparar planes ante una posible prolongación o intensificación de la crisis. La preocupación, no obstante, es generalizada. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advierte del riesgo de un nuevo episodio inflacionario, similar al que siguió a la invasión de Ucrania, y pide al Gobierno que identifique a los sectores y colectivos más afectados para orientar las posibles ayudas.
Desde Cepyme, su presidenta Ángela de Miguel explica que la guerra ya está teniendo repercusiones en los mercados energéticos internacionales, lo que se refleja en el precio del petróleo y, especialmente, del gas natural, con posibles repercusiones también en el coste de la electricidad. En su opinión, si el conflicto se prolonga, las pymes podrían afrontar un importante aumento de gastos y problemas en sus cadenas de suministro, lo que presionaría aún más sus márgenes en un contexto de financiación más exigente.
Precisamente el posible encarecimiento del crédito es una de las mayores inquietudes del sector empresarial. El presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, señala que el principal temor es que la inflación -impulsada por el aumento de los costes energéticos- encarezca la producción y el transporte y vaya acompañada de condiciones financieras más restrictivas.
Ante esta coyuntura, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, pide prudencia y vigilancia ante la volatilidad a corto plazo y advierte de que, a medio plazo, podría producirse una reorganización de los flujos comerciales que obligará a las empresas españolas a adaptarse con rapidez y reforzar sus planes de contingencia.
En el ámbito financiero, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, considera fundamental que Europa acelere su agenda de competitividad para reforzar su autonomía estratégica y poder afrontar las necesidades de energía, innovación y defensa.
La incertidumbre también puede afectar a la llegada de nuevas inversiones. La presidenta de Multinacionales con España, Paloma Cabrera, explica que el aumento de costes y la inestabilidad geopolítica pueden presionar los márgenes de las empresas y condicionar las decisiones de inversión de las multinacionales. Cuando el precio de la energía se vuelve imprevisible, señala, también lo hacen los planes de crecimiento.
En una línea similar, la directora ejecutiva de la Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC), Begoña Villacís, apunta que los inversores suelen reaccionar con cautela ante escenarios de incertidumbre, por lo que podrían retrasarse o congelarse temporalmente nuevos proyectos, como los relacionados con centros de datos. Sin embargo, considera que a medio y largo plazo la demanda de infraestructuras digitales y la posición energética de España podrían reforzar su papel como centro europeo en este ámbito.
Si el conflicto se prolonga, también podrían resentirse las exportaciones. Según José Luis Bonet, una desaceleración de la economía mundial reduciría la demanda exterior y frenaría el crecimiento de las ventas internacionales. Desde el Club de Exportadores señalan que el impacto directo es limitado, ya que las exportaciones españolas a los países más afectados por el conflicto rondan entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año, pero advierten de que el aumento general de precios acabaría afectando a la mayoría de las empresas exportadoras, especialmente a la industria intensiva en energía.
El presidente de CEIM, Miguel Garrido, subraya que las tensiones comerciales afectan tanto a las importaciones como a las exportaciones: por un lado, encarecen el acceso de los consumidores a productos competitivos y, por otro, dificultan la expansión internacional de las empresas y la creación de empleo. Las pymes y los autónomos serían probablemente los más perjudicados, al contar con menores márgenes. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, destaca que el encarecimiento del combustible supone un problema importante para sectores como el taxi, el transporte o la agricultura, muy dependientes del uso de carburantes.
Entre las actividades más expuestas se encuentran la logística y el transporte, considerados pilares de la economía y donde el diésel representa cerca del 40% de los costes operativos. El presidente de la organización empresarial UNO, Francisco Aranda, explica que el aumento del precio del gas también eleva el coste de la electricidad en plataformas logísticas, almacenes y centros de distribución, además de encarecer el transporte aéreo. Entre los productos más afectados se encuentran la electrónica, los semiconductores, los medicamentos, la moda rápida, los repuestos industriales y las mercancías vinculadas al comercio electrónico.
En el sector del automóvil, la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, advierte de que un incremento prolongado de los costes energéticos podría reducir la demanda y ralentizar la renovación del parque automovilístico. Aun así, confía en la solidez del sector, aunque insiste en la importancia de mantener un entorno estable que favorezca la inversión y el empleo.