(Expansión, 12-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El nuevo Plan Estatal de Vivienda comenzará a desplegarse el próximo mes con una primera transferencia de 800 millones de euros a las comunidades autónomas. Esta cantidad representa cerca del 19% de los 4.200 millones que el Estado prevé destinar hasta 2030 para impulsar la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación residencial y las ayudas dirigidas a facilitar el acceso a una vivienda.
La financiación del programa recibió este jueves el respaldo de las comunidades autónomas durante la Conferencia Sectorial de Vivienda. No obstante, algunas regiones, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, mantienen reservas sobre el modelo diseñado por el Ejecutivo y estudian posibles acciones legales ante el Tribunal Supremo, pese a haber dado inicialmente su aprobación.
El plan contempla una inversión total de 7.000 millones de euros durante los próximos cinco años. De esta cantidad, las comunidades autónomas deberán aportar al menos 2.800 millones, equivalentes al 40% del presupuesto global, mientras que el Gobierno central asumirá el resto de la financiación.
La estrategia se articula en torno a tres grandes líneas de actuación. La primera, que absorberá el 40% de los recursos disponibles, estará destinada a la promoción de viviendas de protección oficial. Además, las adjudicaciones incorporarán mecanismos de control para reforzar la transparencia y evitar posibles irregularidades en los procesos de contratación.
Otro 30% de los fondos se dedicará a la rehabilitación del parque residencial existente. Estas ayudas estarán orientadas principalmente a mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los inmuebles. Según las estimaciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las actuaciones previstas permitirán reducir en torno a un 30% el consumo energético en unas 260.000 viviendas.
El 30% restante se destinará a programas de apoyo directo para facilitar la compra o el alquiler de vivienda. Entre los beneficiarios se encuentran los jóvenes, las familias con mayores dificultades económicas y las mujeres víctimas de violencia de género.
Por comunidades autónomas, Andalucía concentrará la mayor inversión prevista, con cerca de 1.200 millones de euros hasta 2030. Le seguirán la Comunidad de Madrid, con más de 1.100 millones, y Cataluña, que superará los 1.000 millones. En el extremo contrario figuran La Rioja, Baleares y Extremadura, que recibirán las menores dotaciones dentro del reparto territorial.
La primera transferencia de 800 millones que el Ejecutivo realizará en julio seguirá esta misma distribución. Andalucía recibirá la mayor partida, con 136,8 millones de euros, mientras que La Rioja obtendrá algo más de 13 millones.
A partir de ese momento, corresponderá a cada comunidad autónoma desarrollar sus propios programas dentro del marco establecido por el Plan Estatal de Vivienda. Para ello deberán garantizar, como mínimo, la aportación económica comprometida del 40%, aunque podrán elevar esa contribución si así lo consideran oportuno.