(Expansión, 07-03-2025) | Fiscal
Se produce un giro en la política fiscal autonómica. Tras varios años en los que hasta una docena de gobiernos regionales adoptaron medidas para mitigar el impacto de la inflación en el Impuesto sobre la Renta, ninguna comunidad ha optado por deflactar la tarifa del IRPF en 2025. En su lugar, la atención se ha desplazado hacia el problema de la vivienda, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, impulsando nuevas deducciones en este ámbito.
Con el freno en el alza de los precios, las comunidades que venían actualizando sus tarifas autonómicas del IRPF para compensar la inflación han decidido dejar de hacerlo en 2025, según indicó ayer el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España, durante la presentación del informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2025.
Hace apenas un año, una docena de comunidades modificaron la escala regional del IRPF o implementaron otras reducciones para contrarrestar la llamada progresividad en frío, un fenómeno que se produce cuando el impuesto no se ajusta al crecimiento de precios y salarios, lo que puede hacer que los contribuyentes terminen pagando más impuestos a pesar de haber perdido poder adquisitivo.
En 2024, estas medidas incluyeron la deflactación del IRPF, ajustes en los mínimos personales y familiares, así como reducciones en los tramos y tipos impositivos. Las comunidades que aplicaron estos cambios fueron Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, La Rioja y, posteriormente, Canarias, además de los territorios forales del País Vasco y Navarra. La mayoría de estos gobiernos están liderados por el PP, que en los últimos años ha defendido las rebajas fiscales y la necesidad de ajustar el IRPF, en contraste con la negativa del Ministerio de Hacienda.
Desde el Ministerio que encabeza la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha rechazado la deflactación argumentando que favorece a las rentas más altas, optando en su lugar por aplicar reducciones dirigidas a los contribuyentes con menores ingresos.
Según el REAF, la falta de deflactación a nivel estatal ha supuesto un sobrecoste fiscal de 255 euros para quienes perciben 30.000 euros anuales, cifra que asciende a 427 euros para ingresos de 45.000 euros, 604 euros para los de 70.000 euros y hasta 1.500 euros para quienes ganan 350.000 euros al año. Estos ingresos adicionales han contribuido a engrosar la recaudación del IRPF en los últimos años, representando entre un tercio y la mitad del aumento, según estimaciones de Hacienda, el Banco de España y la Airef.
Sin embargo, ahora que el IPC se ha estabilizado en torno al 3%, "las comunidades consideran que la inflación se ha moderado lo suficiente y que ya no es necesario deflactar la tarifa", explica Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF. A pesar de ello, la mayoría de los contribuyentes experimentará una reducción en su liquidación del IRPF de 2025, debido a la disminución de su base imponible derivada del aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, según aclara Raquel Jurado, del gabinete de estudios del REAF.