(El Confidencial, 03-05-2024) | Fiscal
Entre enero y febrero, el gasto autonómico ascendió a 36.700 millones de euros, un 7% más que en el mismo período del año anterior. Esta cifra representa el nivel más alto de gasto autonómico registrado en enero y febrero en toda la serie histórica, así como uno de los mayores aumentos interanuales registrados. Por ejemplo, en 2021, durante el apogeo de la pandemia, el aumento del gasto público en este período fue del 6%. A pesar de las llamadas de contención por parte del Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas comenzaron el año sin tener en cuenta las advertencias.
La ministra del ramo, María Jesús Montero, ya les había advertido que debían cerrar el año 2024 con estabilidad presupuestaria, es decir, con un déficit cero. Sin embargo, estas advertencias parecen haber sido ignoradas. La mayor parte del aumento del gasto se destinó al pago de salarios públicos, que aumentaron un 6,5% respecto al año anterior, lo que supone un incremento de 1.000 millones de euros en nóminas. Además, los gastos en intereses experimentaron un aumento significativo debido al endurecimiento de la política monetaria, registrando un aumento del 29%, lo que se traduce en casi 200 millones más de gasto en apenas dos meses.
Todas las comunidades autónomas del régimen común han empeorado su situación presupuestaria en comparación con el inicio del año 2023. En total, han registrado un déficit de 3.600 millones de euros, casi el triple de lo registrado hace un año, cuando ascendía a 1.300 millones de euros. Medido como porcentaje del PIB, el déficit autonómico ha aumentado del 0,09% al 0,24% del PIB en los dos primeros meses del año.
Las comunidades autónomas están presionando al Gobierno con su aumento del gasto, pero el Ministerio también está presionando al mantener bloqueada la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica tras su negativa a presentar los presupuestos. La opción de actualizar las transferencias con un real decreto-ley está descartada por el momento, lo que complica la gestión de la tesorería para los gobiernos autonómicos. Las transferencias del Estado por el sistema de financiación se han reducido un 1% en los dos primeros meses del año, con un descenso del 1% en las entregas a cuenta, según datos de la IGAE.
Algunas comunidades autónomas han comenzado a protestar por la congelación de las entregas a cuenta, que ya está generando problemas de liquidez. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha denunciado que la congelación de las entregas a cuenta implica una reducción de 90 millones de euros al mes para la región. Su consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha denunciado la "asfixia" financiera impuesta por el Gobierno, lo que dificulta que la comunidad pueda cumplir con los pagos a sus proveedores. "Nos enfrentamos a dificultades para realizar los pagos", alertó la semana pasada. Esta es la única comunidad autónoma a la que el Gobierno ha concedido un anticipo de financiación, por valor de 117 millones de euros, para que pueda hacer frente a sus pagos.
A pesar de la presión financiera que sufren las comunidades autónomas, su déficit está aumentando rápidamente. En el caso de la Comunidad Valenciana, su déficit se ha incrementado hasta los 650 millones de euros en los dos primeros meses del año, un 38% más que el año anterior. Medido como porcentaje del PIB, su déficit ya representa el 0,45% de su PIB, lo que hace imposible que pueda acercarse siquiera al objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por el Gobierno. La Comunidad Valenciana es la segunda región con más déficit debido a sus problemas de financiación, así como por la política expansiva llevada a cabo por el gobierno autonómico mediante aumentos del gasto y reducciones de impuestos. Una situación similar se presenta en Baleares, cuyo déficit asciende al 0,48% de su PIB. Murcia se sitúa justo detrás de la Comunidad Valenciana, con problemas de financiación similares, registrando un déficit del 0,38% del PIB. La comunidad que más ha incrementado su déficit al inicio del año ha sido Andalucía.
Las reducciones de impuestos aprobadas por el Gobierno de Juanma Moreno están teniendo un impacto significativo en el saldo presupuestario, que ha empeorado en 0,4 puntos del PIB en comparación con el año anterior. Galicia y Castilla y León, que anteriormente tenían un pequeño superávit a principios de 2023, han pasado a registrar un leve déficit al comienzo de este año, del 0,17% y el 0,1% del PIB respectivamente. Solo dos comunidades autónomas del régimen común han comenzado el año con superávit: Asturias y Canarias, esta última con un régimen fiscal propio debido a su condición de territorio ultraperiférico.
Este enfrentamiento entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda está comenzando a generar tensiones en los pagos. La actualización de las entregas a cuenta no figura entre las prioridades del Ejecutivo, que teme que el Congreso pueda rechazar el decreto. Por lo tanto, lo más probable es que las comunidades autónomas deban encontrar la manera de hacer frente a los pagos necesarios. Sin embargo, estas no se están amedrentando y han comenzado el año con un fuerte aumento del gasto público, desafiando incluso los objetivos de estabilidad del Gobierno.