(Expansión, 10-09-2025) | Fiscal
Con el regreso de las vacaciones de verano, este septiembre comienza un nuevo ejercicio fiscal cargado de retos y expectativas. En esta etapa se dará continuidad a las reformas ya aprobadas y se esperan los reglamentos que concretarán medidas tan relevantes como la implantación de la factura electrónica obligatoria para las empresas. Paralelamente, los profesionales tributarios siguen de cerca diversas resoluciones judiciales sobre deducciones y sobre la interpretación de ciertos impuestos, especialmente los vinculados a la vivienda.
En el plano político, el periodo que se abre ahora y que se extenderá hasta julio de 2026 puede marcar un punto de inflexión en la fiscalidad española. Entre las propuestas más destacadas figuran el incremento del IVA en los pisos turísticos, un gravamen del 100% para los compradores extranjeros de vivienda, la obligación de presentar declaración de la Renta a desempleados y perceptores del Salario Mínimo, o la posible deflactación del IRPF para ajustarlo a la inflación, medida que el Gobierno ha rechazado repetidamente pese a las críticas de asesores fiscales, quienes la consideran una "subida encubierta". Aun así, no se prevén reformas de gran alcance en el corto plazo.
Tras la entrada en vigor de los nuevos tipos en el Impuesto sobre Sociedades el pasado 1 de enero, las pymes y microempresas podrán aplicar en la declaración de julio de 2026 las rebajas al 24% y 22%, respectivamente. Además, a partir de enero de 2026, las pequeñas empresas disfrutarán de una nueva reducción de un punto, lo que lleva a los expertos a recomendar posponer ciertas ventas hasta el próximo ejercicio para beneficiarse del menor gravamen.
En paralelo, los incentivos fiscales para reforzar los fondos propios de las compañías continúan su senda ascendente: tras situarse en el 15% en este ejercicio, pasarán al 20% en 2026. Según los economistas asesores, este cambio convierte la capitalización en una estrategia muy atractiva frente al reparto de dividendos, máxime cuando el periodo exigido para no distribuirlos se ha reducido de cinco a tres años.
En el ámbito del IRPF, se anticipa un curso relativamente estable, dado que el Ejecutivo mantiene su negativa a ajustar los tramos a la inflación. Sin embargo, surgen cuestiones de calado como la posible obligación de declarar para quienes perciban prestaciones por desempleo -lo que no implica necesariamente pagar- o la inminente normativa que exigirá informar a Hacienda sobre criptomonedas en el extranjero y las operaciones realizadas con ellas. También se espera la actualización de deducciones ligadas a la compra de vehículos eléctricos, la instalación de cargadores o placas solares.
Más allá de los grandes impuestos, septiembre abre un curso en el que los asesores fiscales ponen la mirada en el desarrollo reglamentario de la factura electrónica obligatoria. Aunque la ley fija su implantación entre 2027 y 2028, los plazos concretos dependerán de la rapidez del Gobierno en aprobar el reglamento.
Por otra parte, la Ley Antifraude traerá nuevas obligaciones: las empresas que ya facturen de forma digital deberán adaptar sus sistemas al estándar Verifactu a partir del 1 de enero, mientras que los autónomos tendrán de plazo hasta julio de 2026. En definitiva, todo apunta a un año sin grandes cambios legislativos, pero sí con ajustes relevantes derivados de la normativa en curso y de la jurisprudencia, que marcarán el día a día de empresas y contribuyentes.