(El Economista, 08-05-2024) | Laboral
El Ministerio de Trabajo y Economía Social está cerca de alcanzar un acuerdo con los sindicatos y la patronal para reformar la protección asistencial por desempleo, luego de retirar una medida controvertida: la reducción de la cotización por jubilación que el SEPE paga a los beneficiarios mayores de 52 años, quienes en marzo sumaron 460.000 personas. Esta propuesta fue objeto de polémica, ya que fue la razón esgrimida por Podemos para rechazar la norma en el Congreso. Además, esta cotización, que asciende a 1.872 millones de euros al año, se ha utilizado en las llamadas 'prejubilaciones' en el contexto de despidos masivos.
Este subsidio es único en su tipo, ya que cotiza para la jubilación. A diferencia de las prestaciones contributivas, donde la cotización se basa en la base reguladora percibida por el desempleado, para los mayores de 52 años se utiliza el 125% del tope mínimo de cotización a la Seguridad Social, que varía según el salario mínimo interprofesional (actualmente en 1.323 euros mensuales). Esta cotización se mantiene hasta la jubilación ordinaria del beneficiario.
El decreto ley propuesto por el Gobierno en diciembre no buscaba eliminar este mecanismo excepcional que beneficia solo a los mayores de 52 años, sino reducir gradualmente el porcentaje al 100%. Sin embargo, no logró el respaldo de Podemos en el Congreso, lo que supuso una derrota política para el Gobierno de coalición.
El coste anual de esta cotización para el Estado en 2023 fue de 1.872 millones de euros, lo que representa 156 millones al mes para cada uno de los 433,500 beneficiarios. Esta reducción gradual de la cotización habría significado un ahorro significativo en el gasto público en los próximos años. Sin embargo, al retirarse esta medida, se desbloquea el cuarto pago de los fondos europeos por un total de 10.000 millones de euros, que estaban en duda debido a la derrota parlamentaria en enero.
La reforma propuesta dejaría casi intacto el subsidio para los beneficiarios de 52 años, con una cuantía mensual de 480 euros, sin los aumentos aplicados a otras ayudas asistenciales. Pero más allá del ahorro, la reducción de la cotización beneficia a estas personas al evitar un impacto negativo en sus futuras pensiones. Esta medida también desincentiva las 'prejubilaciones' promovidas por las empresas.
A lo largo de los años, este subsidio se ha utilizado para facilitar despidos masivos de trabajadores mayores de 50 años, quienes reciben una prestación mensual de 480 euros. Sin embargo, muchos de estos trabajadores no logran encontrar empleo nuevamente. La reforma propuesta habría implicado una reducción gradual de esta práctica, pero su retirada deja a estos trabajadores sin cambios significativos en sus condiciones.
En resumen, esta reforma es vista como un intento de evitar la explotación de los trabajadores mayores en despidos masivos y prevenir la reducción de sus futuras pensiones. Sin embargo, su retirada ha generado debate sobre cómo abordar esta cuestión de manera efectiva en el mercado laboral actual.