(Expansión, 10-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La auditoría de las grandes empresas públicas estatales que no cotizan en bolsa ha perdido atractivo para las principales firmas auditoras en España. Deloitte, EY, PwC y KPMG se han distanciado progresivamente de este mercado, en el que los reducidos honorarios y el elevado riesgo reputacional no compensan frente a otras actividades, como la consultoría, que ofrecen mejores perspectivas de rentabilidad.
Adif, Agencia EFE, Correos, Ineco, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Isdefe, Loterías y Apuestas del Estado, Paradores, Renfe y RTVE son algunos de los principales ejemplos. En los últimos procedimientos de contratación para auditar sus cuentas anuales, ninguna de las cuatro grandes consultoras presentó una propuesta, por lo que estos contratos han terminado en manos de firmas de tamaño mediano.
El caso de RTVE refleja esta tendencia. EY, responsable de la auditoría de sus cuentas desde 2022, optó por no concurrir al concurso para renovar el contrato correspondiente a los ejercicios 2026, 2027 y 2028, con posibilidad de ampliarlo otros dos años. Deloitte, PwC y KPMG tampoco participaron. Finalmente, el encargo fue adjudicado a PKF Attest, única firma que presentó una oferta, por un importe de 235.665 euros.
Una situación similar se produjo en Renfe, que no recibió propuestas de ninguna de las Big Four para auditar sus cuentas de 2026, 2027 y 2028. La compañía ferroviaria tuvo que convocar dos licitaciones. La primera quedó desierta, en parte debido a unas condiciones que parecían orientadas a facilitar la participación de las grandes auditoras, como el requisito de acreditar experiencia en la revisión de sociedades de interés público con una facturación superior a 1.000 millones de euros. Después de flexibilizar los requisitos, el segundo concurso se resolvió a favor de PKF Attest por 1,03 millones de euros.
Esta misma auditora obtuvo también, a finales de 2023, el contrato para revisar las cuentas individuales y consolidadas de Ineco correspondientes a 2024. Ninguna otra firma presentó una oferta y, posteriormente, el servicio se amplió mediante una prórroga de dos años.
Grant Thornton es otra de las compañías que ha reforzado su presencia en este ámbito. La firma se encarga de auditar las cuentas individuales y consolidadas de Correos y sus filiales, después de adjudicarse el contrato para los ejercicios 2023, 2024 y 2025 en un procedimiento al que no concurrió ninguna de las cuatro grandes. Hace dos meses, el servicio se prorrogó por un año más, elevando el importe total a 689.782 euros para los cuatro ejercicios.
También se ha adjudicado los dos lotes del último concurso del Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como los correspondientes a Adif y Adif-Alta Velocidad para los ejercicios 2026, 2027 y 2028, por importes de 301.875 y 117.000 euros, respectivamente. En ninguno de estos procedimientos participaron Deloitte, EY, PwC o KPMG. A estos contratos se añade el de Loterías y Apuestas del Estado, cuyas cuentas de 2025, 2026 y 2027 han quedado bajo la responsabilidad de Grant Thornton. La adjudicación, con un valor máximo de 261.360 euros, se produjo sin que ninguna de las Big Four presentara candidatura.
Por su parte, Forvis Mazars se ocupa de auditar las cuentas de la Agencia EFE correspondientes a 2024, 2025 y 2026, por un importe de 76.230 euros. El acta de la mesa de contratación recoge que las dos propuestas recibidas procedían de firmas medianas. El mismo escenario se repitió en Ingeniería de Sistemas para la Defensa (Isdefe), cuya auditoría también corresponde a esta compañía.
Paradores completa la relación de empresas públicas que han recurrido a auditoras de tamaño intermedio. En su caso, el contrato para los ejercicios 2025, 2026 y 2027 fue adjudicado a Moore, actualmente integrada en Auren, después de un concurso en el que únicamente participaron firmas medianas. Navantia y el Grupo Tragsa representan las excepciones dentro de este panorama de escaso interés de las grandes consultoras por la auditoría del sector público empresarial. La compañía naval necesitó convocar tres concursos antes de encontrar una firma que asumiera la revisión de sus cuentas de 2024, 2025 y 2026.
La primera licitación, con un presupuesto de 1,17 millones de euros, quedó desierta. El segundo procedimiento, cuyo importe ascendía a 1,7 millones, fue finalmente abandonado tras introducirse cambios en el alcance del contrato, el presupuesto y las condiciones exigidas a las auditoras. En la tercera convocatoria, el presupuesto se redujo a 1,3 millones de euros y se excluyó la revisión de las filiales de Australia, Arabia Saudí y Reino Unido. En esta ocasión sí concurrió una de las Big Four, KPMG, aunque la adjudicación terminó recayendo en PKF Attest, de origen vasco, por 720.480 euros.
El Grupo Tragsa es, por el contrario, la única gran empresa pública de las analizadas cuya auditoría está actualmente en manos de una de las cuatro grandes firmas. KPMG resultó adjudicataria de la revisión de sus cuentas de 2026, 2027 y 2028 por 663.197 euros, tras imponerse a Deloitte en el concurso celebrado a finales de 2025.
Los bajos importes que las empresas públicas destinan a estos servicios constituyen uno de los principales motivos por los que las grandes auditoras han perdido interés en estos contratos. Fuentes del sector consultadas por EXPANSIÓN señalan que la rentabilidad de estos encargos es considerablemente inferior a la que ofrecen las auditorías de compañías privadas. En algunos casos, los honorarios son tan reducidos que apenas permiten cubrir los recursos necesarios para desarrollar el trabajo.
En varios de los procedimientos examinados, los contratos se adjudicaron por una cantidad media un 31% inferior al presupuesto inicial de licitación. A ello se suma que las administraciones suelen tomar como referencia el precio de la adjudicación anterior para fijar el importe de los siguientes concursos, lo que provoca una progresiva reducción de los honorarios hasta niveles que dificultan la prestación del servicio con los medios y el esfuerzo necesarios.
Esta situación también genera preocupación entre las auditoras medianas que sí participan en las licitaciones. Algunas de ellas cuestionan la viabilidad económica de determinados encargos y advierten de que no pueden aceptar contratos a cualquier precio ni asumir rebajas que comprometan la calidad y los recursos exigibles en una auditoría. En sus decisiones también influye la posibilidad de obtener otros trabajos complementarios, como revisiones limitadas o procedimientos acordados. A la escasa rentabilidad se añade el impacto potencial sobre la reputación de las firmas. La combinación de unos honorarios reducidos y una mayor exposición a riesgos reputacionales hace que estos contratos resulten poco atractivos para las grandes auditoras.
Por último, las incompatibilidades entre los servicios de auditoría y determinadas actividades de consultoría también condicionan su participación. Las Big Four deben valorar si les interesa asumir la auditoría de estas empresas públicas o preservar otras líneas de negocio que pueden proporcionarles mayores ingresos y una rentabilidad más elevada.