(El Economista, 19-01-2026) | Laboral
Una de las principales reivindicaciones de los trabajadores autónomos para este año es quedar exentos del pago de la cuota a la Seguridad Social durante los periodos de baja médica. Actualmente, los profesionales por cuenta propia deben seguir abonando la cotización durante los dos primeros meses de incapacidad temporal, pese a que en ese tiempo solo perciben el 75% de su base reguladora en el mejor de los casos. Esta circunstancia ha contribuido a que el número de bajas médicas entre los autónomos lleve tres años consecutivos a la baja y sea hasta cuatro veces inferior al registrado entre los asalariados, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En 2025, solo 10,06 autónomos por cada mil recurrieron a una baja por enfermedad, frente a los 37,92 por cada mil trabajadores por cuenta ajena. Además, la tendencia en el colectivo autónomo ha sido descendente en los últimos años: en 2023 la tasa era del 10,68, en 2024 bajó al 10,54 y en diciembre de 2025 se situó en el 10,06.
Este comportamiento se explica, en parte, por las condiciones económicas de la incapacidad temporal para los autónomos. Durante los tres primeros días de baja no reciben prestación alguna; a partir del cuarto día cobran el 60% de su base reguladora y no alcanzan el 75% hasta el día 21. A pesar de estos ingresos reducidos, deben seguir pagando la cuota mensual, lo que merma de forma significativa su renta disponible.
La situación contrasta con la de los trabajadores asalariados, entre los que las bajas por incapacidad temporal no han dejado de aumentar desde 2020. En seis años, la incidencia ha pasado de 19,22 bajas por cada mil empleados a las 37,92 registradas en diciembre de 2025. Este aumento es una de las principales inquietudes de las organizaciones empresariales, que alertan del crecimiento del absentismo, entendido no solo como ausencias injustificadas, sino también como bajas médicas.
En términos de prestación, el esquema porcentual es el mismo para asalariados y autónomos: no se cobra nada hasta el cuarto día de baja, se percibe el 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día -en el caso de los asalariados, abonado por la empresa- y a partir de entonces se recibe el 75%, cubierto por la Seguridad Social o por la mutua correspondiente. Sin embargo, muchos convenios colectivos incluyen complementos que elevan la prestación hasta el 100% del salario para los trabajadores asalariados durante la baja.
Precisamente, la patronal plantea revisar estos complementos como una vía para contener el coste creciente de la incapacidad temporal. Así lo expresó recientemente la representante de CEOE, Rosa Santos, en la Comisión del Pacto de Toledo, al señalar que estos pagos adicionales, en un contexto de aumento de las bajas, dificultan la reducción de las cifras. Cualquier modificación de estos complementos requiere negociación con los sindicatos. A esta línea de actuación se suma la demanda de ATA, integrada en CEOE, que reclama dejar de pagar cotizaciones desde el primer día de baja para aliviar los costes empresariales.
El último informe que analiza la evolución de la incapacidad temporal fue elaborado por la patronal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, AMAT. En él se advierte de que el coste para las empresas podría cerrar 2025 en 16.010,97 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,55% respecto a 2024 y más del triple en comparación con 2015.
Por su parte, el Gobierno está a la espera de la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dentro de la segunda fase del Spending Review. Este análisis abordará cuestiones relacionadas con la gestión de la prestación, el marco normativo, los procedimientos administrativos y la coordinación entre los distintos actores implicados. También examinará los factores que influyen en las bajas, como el acceso y la calidad de los servicios sanitarios -incluidas las listas de espera-, las condiciones laborales y los cambios legislativos.
La Airef ya advirtió de que en 2023 el gasto en incapacidad temporal alcanzó niveles récord y se convirtió en la segunda mayor partida del Ministerio de Seguridad Social. A finales de 2025, este gasto se situó en máximos históricos, con 16.642 millones de euros desembolsados hasta el mes de noviembre.