(Cinco Días, 11-11-2026) | Fiscal
El programa estatal Auto+, destinado a incentivar la compra de vehículos electrificados, se acerca a su agotamiento debido al ritmo de solicitudes y a la progresiva reducción de los fondos disponibles. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo, la semana pasada se habían registrado peticiones por valor de 305,6 millones de euros correspondientes a particulares y de 38,58 millones por parte de empresas y autónomos. Dado que las dotaciones iniciales ascienden a 350 y 50 millones, respectivamente, fuentes del sector calculan que el presupuesto podría agotarse durante la semana de las elecciones generales, previstas para el próximo 29 de noviembre.
De cumplirse estas previsiones, las ayudas finalizarían aproximadamente un mes antes de la fecha establecida en el BOE, que fija el 31 de diciembre como límite del programa. Ese mismo día también concluye la vigencia de la deducción en el IRPF de hasta 3.000 euros por la adquisición de vehículos electrificados.
Tomando como referencia el gasto medio por expediente, situado en 3.165 euros para los particulares, las fuentes consultadas estiman que todavía habría margen para atender algo más de 14.000 solicitudes. No obstante, esta cantidad ya sería inferior, puesto que durante la última semana se han seguido registrando nuevas peticiones. En el caso de empresas y autónomos, el importe medio por expediente alcanza los 4.297 euros, por lo que quedarían fondos para unas 2.658 solicitudes adicionales, aunque también se trata de una estimación basada en datos anteriores.
Desde el Ministerio de Industria consideran que Auto+ ha sido un programa exitoso, pese al retraso en su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que no llegó hasta julio. Además, su duración está superando las previsiones iniciales del sector, que a principios de año esperaba que las ayudas se agotaran en verano. Esta estimación tenía en cuenta la experiencia del anterior plan Moves, cuyo presupuesto tuvo que duplicarse el pasado ejercicio para poder atender toda la demanda.
En Industria dan por hecho que, si tras las elecciones del 29 de noviembre no se produce un cambio de Gobierno, los incentivos a la compra de vehículos eléctricos seguirán formando parte de las medidas previstas para los próximos años dentro del Plan España Auto 2030, la estrategia industrial y de apoyo económico al automóvil acordada entre el Ejecutivo y el sector. Sin embargo, los fabricantes y distribuidores temen que un cambio de Gobierno pueda provocar un periodo de hasta seis meses sin ayudas. En caso de prorrogarse, consideran necesario que los nuevos incentivos tengan carácter retroactivo para cubrir las compras realizadas durante el tiempo que transcurra hasta la aprobación de los siguientes fondos. También existe incertidumbre sobre el papel que podría desempeñar Vox, contrario a la transición ecológica, en un eventual Ejecutivo del PP, que necesitaría su apoyo para gobernar según los sondeos.
La patronal de concesionarios Faconauto reclamó, durante la presentación de las matriculaciones de octubre, que se aclare cuanto antes si las ayudas al vehículo electrificado continuarán en 2027. La organización considera necesario garantizar su continuidad para mantener el impulso que han dado al mercado. En la misma línea se pronunciaron Ganvam, que representa a vendedores y reparadores, y Anfac, la asociación de fabricantes. Ganvam advirtió de que los incentivos deben mantenerse al margen de los calendarios electorales, ya que la incertidumbre administrativa puede acabar condicionando las decisiones de compra.
Si el programa Auto+ continúa en los próximos ejercicios, también deberá adaptarse a los criterios de contenido local que establezca la Unión Europea en la futura Ley de Aceleración Industrial (IAA), actualmente en negociación entre los Veintisiete. En su configuración actual, el plan permite subvencionar vehículos eléctricos fabricados fuera de la UE, incluidos los procedentes de China. La nueva normativa comunitaria pretende limitar esta posibilidad con el objetivo de proteger a la industria automovilística europea.