(Expansión, 16-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El parque de vivienda pública en España tiene uno de los pesos más reducidos de Europa. Aunque las estimaciones apuntan a que su participación ha aumentado hasta el 3,5% en los últimos años, sigue muy lejos de los niveles alcanzados en la década de los ochenta, cuando la vivienda protegida llegó a representar más del 60% de las nuevas construcciones y su producción superaba a la de vivienda libre.
El Gobierno se había fijado como meta elevar el peso de la vivienda pública hasta el 20% en un horizonte de 20 años. Como objetivo intermedio, pretendía aproximarlo al 9%, en línea con la media europea, con el propósito de corregir la tendencia descendente que ha experimentado este tipo de promoción durante las últimas décadas.
El Banco de España señala en su informe de 2025 que actualmente solo una de cada 65 viviendas en España es pública. Esta proporción contrasta con la de otros países europeos, como Países Bajos, donde alcanza el 34%; Austria, con un 23,6%; Dinamarca, con un 21,5%, y Reino Unido, con un 16,4%.
Estas diferencias evidencian la necesidad de ampliar el parque de vivienda social para contribuir a equilibrar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a un alojamiento a los colectivos con mayores dificultades económicas. Esta cuestión se ha situado, precisamente, entre los principales asuntos de la campaña electoral.
En este contexto, el Gobierno ha convalidado esta semana en la Diputación Permanente un decreto ley que contempla la prórroga de los límites a las actualizaciones anuales de los alquileres y restricciones a la adquisición de viviendas por parte de grandes tenedores. Por su parte, el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este viernes que la vivienda constituye la principal preocupación de la mayoría de los ciudadanos españoles.
Pese a la relevancia que ha adquirido este problema, la construcción de vivienda social ha tenido un desarrollo muy limitado en España durante las últimas cuatro décadas. Sin embargo, la situación fue muy diferente en los años ochenta, cuando la vivienda protegida alcanzó una presencia muy destacada en el conjunto de las nuevas promociones.
Desde 1982, su peso superó el 55% y entre 1984 y 1987 llegó a rebasar el 60%. El máximo se registró en 1985, cuando las viviendas protegidas terminadas representaron el 67,2% del total, con 114.067 unidades. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos en el último Boletín Especial de Vivienda Social, del que se ha hecho eco la agencia Efe.
A partir de 1988 comenzó un pronunciado retroceso de la vivienda protegida, cuya participación cayó progresivamente hasta situarse en el 7,2% en 2002. Este descenso coincidió con una etapa de fuerte expansión inmobiliaria, en la que el número total de viviendas terminadas se elevó hasta las 518.273 unidades, mientras que la producción protegida quedó reducida a 37.544.
Desde 1993 se había producido una ligera recuperación, pero a finales de esa década volvió a imponerse la tendencia descendente, que ha marcado la evolución de las últimas décadas. Posteriormente, el estallido de la burbuja inmobiliaria provocó una fuerte contracción de la construcción, tanto de vivienda libre como protegida, que alcanzó mínimos históricos.
El punto más bajo de la promoción de vivienda protegida se registró en 2017, cuando únicamente se terminaron 4.938 unidades. Desde 2019 se aprecia una cierta recuperación, aunque todavía insuficiente para compensar el déficit acumulado y aproximar a España a los niveles de vivienda social de las principales economías europeas y de la OCDE.
El Banco de España advierte de que esta escasez reduce la capacidad de respuesta ante las dificultades actuales de acceso a la vivienda. Una parte importante de la demanda procede de hogares con rentas bajas que deben destinar una proporción elevada de sus ingresos al pago de alquileres a precios de mercado, lo que agrava su situación económica. En 2025 se finalizaron 11.000 viviendas protegidas y se iniciaron otras 15.500. Ambas cifras superan ligeramente los registros medios anuales del periodo 2015-2024, cuando se terminaron alrededor de 9.000 viviendas al año.
Los últimos datos apuntan a una aceleración de esta actividad. Durante el primer semestre de 2026 se inició la construcción de 11.270 nuevas viviendas protegidas, casi el doble que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El Ministerio que dirige Isabel Rodríguez considera que, si este ritmo se mantiene durante la segunda mitad del año, la cifra de nuevas promociones superará las 25.000 unidades en el conjunto de 2026. De cumplirse esta previsión, sería el volumen más elevado de los últimos 14 años.