(El Periódico, 22-05-2024) | Mercantil, civil y administrativo
La Unión Europea ya ha aprobado la reforma del mercado eléctrico, diseñada para lograr precios energéticos "más estables, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y ofrecer una mejor protección ante futuras crisis". Este martes, los Veintisiete finalizaron la aprobación de un paquete legislativo que permitirá a la UE avanzar hacia un futuro "más verde y libre de carbono", según celebró la ministra belga de energía, Tinne van der Straeten, en representación de la presidencia semestral de la UE.
"Con la adopción de la reforma del mercado eléctrico, estamos empoderando a los consumidores, garantizando la seguridad del suministro y allanando el camino para un mercado energético más estable, predecible y sostenible", resumió Van der Straeten tras completar el último trámite de la reforma. "Según este nuevo marco, los hogares y empresas europeos se beneficiarán de una mayor seguridad, asequibilidad y transparencia en los mercados energéticos europeos", añadió el vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic.
La reforma, aprobada en abril por el Parlamento Europeo, permitirá a los consumidores acceder a una mayor variedad de contratos. Tendrán derecho a bloquear precios seguros a largo plazo, acceder a contratos de precios dinámicos para aprovechar la variabilidad de precios y usar la electricidad cuando sea más barata, además de recibir información sobre las opciones disponibles.
Además, los gobiernos deberán establecer proveedores de último recurso para garantizar que ningún consumidor se quede sin electricidad, y los consumidores vulnerables estarán protegidos de la desconexión. En caso de crisis, los países de la UE podrán ampliar los precios minoristas regulados a hogares y pymes, y podrán prohibir a los proveedores cortar el suministro a clientes vulnerables. Los arrendatarios también podrán compartir el excedente de energía solar con sus vecinos.
La reforma también crea condiciones para que tanto proveedores como consumidores se beneficien de los contratos de compra de electricidad, los contratos por diferencias (CfD) y los contratos a plazo. Los acuerdos de compra de energía (PPA) son contratos a largo plazo que brindan estabilidad a clientes e inversores, y la nueva normativa promoverá su adopción reduciendo la burocracia y los cargos innecesarios. En cuanto a los CfD o esquemas equivalentes, la idea es apoyar nuevas inversiones en generación de electricidad y garantizar que los precios se vean menos afectados por la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles.
Según la nueva normativa, los generadores de energía estarán protegidos con una compensación para operar y participar eficientemente en los mercados eléctricos, reaccionando a las circunstancias del mercado. Sin embargo, en períodos de precios elevados, deberán devolver los ingresos adicionales, que luego podrán distribuirse a los clientes finales, invertirse para reducir los costes de la electricidad o utilizarse para el desarrollo de la red. Este tipo de contratos podrán aplicarse a inversiones en nuevas instalaciones de energía eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica sin embalses y energía nuclear.
Los ministros de la UE tendrán el poder de declarar una crisis energética, a propuesta de la Comisión, en caso de precios muy altos en los mercados mayoristas de electricidad o si se produce un fuerte aumento de los precios minoristas. Las posibles medidas incluyen una mayor reducción de los precios para los clientes vulnerables y desfavorecidos.
Además, los Veintisiete han aprobado sin discusión la reforma del mercado del gas con un paquete legislativo que introduce normas comunes para impulsar el uso de gas bajo en carbono, renovables e hidrógeno, y promover la descarbonización del sector. Los operadores de redes de gas e hidrógeno tendrán que preparar un plan de desarrollo a diez años. Para garantizar la eliminación gradual de los combustibles fósiles, a partir de 2049 ya no se celebrarán contratos a largo plazo para el gas fósil. La reforma también contempla un mecanismo voluntario para apoyar el mercado del hidrógeno durante cinco años y proteger a los clientes vulnerables y aquellos afectados por la pobreza energética, incluidos los de zonas remotas.