(El País, 12-03-2024) | Laboral
Los Veintisiete han aprobado la 'Ley Rider' europea este lunes en el último momento gracias al cambio de postura de Estonia y Grecia, lo que ha permitido que la directiva salga adelante a pesar de la abstención de Alemania y el voto en contra de Francia.
Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales han ratificado el acuerdo provisional alcanzado el 8 de febrero con los negociadores del Parlamento Europeo sobre la directiva que regula el trabajo en plataformas, tras dos intentos fallidos anteriores.
El objetivo de esta ley es clarificar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, como Uber Eats, Just Eat, Glovo o Deliveroo, con el fin de corregir la práctica de empleo ficticio por cuenta propia y garantizar unas mejores condiciones laborales.
La presidencia belga del Consejo presentó una nueva propuesta de compromiso que reducía la ambición del acuerdo inicial para abordar las preocupaciones de los Estados miembros. Este documento fue calificado por el ministro belga responsable del ámbito empresarial, David Clarinval, como "el texto de la última oportunidad", asegurando que incluía "concesiones importantes" para superar las objeciones de los 14 Estados miembros que expresaron reservas.
Sin embargo, este lunes, todos los países de la UE, excepto Alemania y Francia, votaron a favor de la directiva. La presidencia belga del Consejo agradeció las "sorpresas de última hora" que supuso el cambio de posición de Estonia y Grecia, que hicieron un "esfuerzo" en favor del "mejor interés de los trabajadores" al respaldar la norma en un espíritu de compromiso.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Hubertus Heil, explicó durante la sesión pública en la que se debatió la ley que debía abstenerse en la votación debido a que uno de los socios de coalición de su gobierno, el Partido Democrático Liberal, no podía respaldar el texto, algo que lamentó profundamente antes de desearle "lo mejor" al expediente.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reiteró que el acuerdo del 8 de febrero "no es perfecto" y "no entusiasma" a España, ya que podría resultar en una protección "desigual" para los trabajadores. No obstante, lo apoyó para situarse del lado de "la Europa que avanza" frente a "la que bloquea".
Una vez completados los pasos formales de la adopción, los Estados miembros tendrán dos años para incorporar las disposiciones de la directiva a su legislación nacional. Los aspectos principales del compromiso giran en torno a una presunción legal que ayudará a determinar adecuadamente la situación laboral de las personas que trabajan en plataformas digitales.
Según el acuerdo, los Estados miembros establecerán una presunción legal de empleo en sus sistemas legales, activada cuando existan indicios de control y dirección, y se determinará de acuerdo con la legislación nacional y los convenios colectivos, considerando la jurisprudencia de la UE.
Además, los trabajadores de plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales podrán invocar esta presunción legal y alegar una clasificación incorrecta, mientras que corresponderá a la plataforma digital demostrar que no existe relación laboral.
El acuerdo alcanzado con el Parlamento garantiza que los trabajadores estén debidamente informados sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones en su contratación, condiciones laborales e ingresos, entre otros aspectos.
También prohíbe el uso de sistemas automatizados de seguimiento o toma de decisiones para el tratamiento de ciertos datos personales de los trabajadores de plataformas, como datos biométricos o su estado emocional o psicológico. Asimismo, se garantiza la supervisión y evaluación humana de las decisiones automatizadas, con derecho a explicación y revisión.