(El Economista, 02-03-2026) | Fiscal
La Comisión Europea planea simplificar cinco directivas fiscales relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades con el fin de rebajar la carga administrativa de las empresas en un 25% y la de las pymes en un 35% antes de que termine 2029.
Bruselas trabaja ya en una nueva Directiva Ómnibus en materia tributaria, cuya presentación está prevista para mediados de 2026. El propósito es unificar criterios fiscales en todos los Estados miembros, eliminar obstáculos para acceder a deducciones o exenciones según el país, evitar la doble imposición y la duplicidad en las obligaciones informativas, y hacer más claras y fáciles de aplicar las normas.
La revisión afectará a la Directiva de fusiones, la Directiva contra la elusión fiscal, la de matrices y filiales, la de intereses y cánones y la relativa a los mecanismos de resolución de conflictos tributarios. La Comisión ha abierto una consulta pública hasta el 26 de marzo para empezar a elaborar el texto.
En el caso de la normativa contra la elusión fiscal -que grava mediante el régimen de Sociedades Extranjeras Controladas a filiales ubicadas en territorios de baja tributación-, se introducirán cambios para evitar posibles situaciones de doble imposición derivadas de la implantación del impuesto mínimo global del 15%, conocido como Pilar II. Esta tasa mínima también obliga a los países de la UE a aplicar un gravamen complementario a filiales extranjeras que tributen por debajo de ese umbral.
Asimismo, se revisará la regla que limita la deducibilidad de los intereses de los préstamos empresariales, con el objetivo de proteger especialmente a las pymes y a las compañías con mayor nivel de endeudamiento. En relación con la Directiva de matrices y filiales -que impide la doble tributación de dividendos entre empresas del mismo grupo en distintos países- y la de intereses y cánones, Bruselas pretende armonizar su aplicación, ya que actualmente cada Estado miembro la interpreta de forma diferente. La idea es que las empresas operen bajo condiciones homogéneas en toda la Unión, lo que aportaría mayor seguridad jurídica y reduciría costes administrativos.
También se reformará la Directiva de fusiones, que permite realizar procesos de integración empresarial sin impacto fiscal inmediato, dado que su aplicación desigual entre países dificulta adquisiciones y reestructuraciones transfronterizas. Por último, se prevén cambios en la Directiva sobre resolución de litigios fiscales para aclarar los requisitos de admisión, asegurar una aplicación uniforme en todos los Estados miembros y facilitar su utilización tanto por las empresas como por las administraciones tributarias.
Según la Comisión Europea, esta iniciativa busca simplificar la normativa vigente y mejorar el entorno empresarial, reduciendo de forma significativa los costes de cumplimiento mediante procedimientos más estandarizados y reglas más armonizadas, lo que reforzará la seguridad jurídica.
Este proyecto se enmarca en la estrategia de simplificación normativa que Bruselas quiere culminar en 2029. De hecho, la UE aprobó en febrero la llamada Directiva Ómnibus I, centrada en disminuir las obligaciones de información empresarial en materia de sostenibilidad, dentro del mismo objetivo de reducir cargas y unificar criterios en el mercado europeo.