(El País, 10-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Una nueva normativa europea eximirá a más del 80% de las empresas de la UE de la obligación de informar sobre el impacto ambiental de sus actividades. Este martes, los 27 Estados miembros, junto con el Parlamento Europeo y la Comisión, han alcanzado un acuerdo sobre la primera ley ómnibus destinada a simplificar la regulación y reducir la burocracia para las compañías, limitando de manera significativa los requerimientos de divulgación de sostenibilidad corporativa introducidos en la legislatura pasada.
La regulación, aprobada tras largas negociaciones, responde a la corriente que defiende que la reducción de obligaciones ambientales puede favorecer la competitividad y el crecimiento económico en Europa. Se trata de una medida controvertida que ha logrado reunir a legisladores conservadores tradicionales con partidos euroescépticos de extrema derecha.
El acuerdo supera la propuesta inicial de la Comisión Europea y supone un triunfo para la presidenta Ursula von der Leyen, que en su segundo mandato se ha fijado como meta reducir la carga burocrática para las empresas, objetivo que han reclamado países como Alemania, que califica la iniciativa como "desregulación" en lugar de "simplificación".
El año pasado, la UE adoptó un paquete de normas que obligaba a las grandes empresas a realizar diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente en todas sus operaciones y cadenas de valor, según la Directiva sobre la Diligencia Debida Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSDDD). Asimismo, las compañías cotizadas debían reportar información detallada sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza, incluyendo estrategias climáticas y planes de transición, conforme a la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD). Esto implicaba, por ejemplo, reportar emisiones de gases de efecto invernadero, riesgos derivados del cambio climático en condiciones de trabajo, fugas químicas o el cumplimiento de derechos humanos y normas laborales por parte de proveedores, tanto europeos como internacionales.
El nuevo acuerdo modifica estas normas clave. A falta de la votación formal del Parlamento, prevista para el martes, ahora la obligación de informar sobre aspectos sociales y ambientales se aplicará únicamente a empresas de la UE con más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a 450 millones de euros, frente al límite de 50 millones propuesto inicialmente por la Comisión. Según la presidencia danesa del Consejo de la UE, este cambio eximirá al 85% de las compañías.
En cuanto a la directiva de diligencia debida, el umbral se eleva significativamente: en lugar de afectar a empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación, ahora solo incluirá a aquellas con más de 5.000 empleados e ingresos anuales superiores a 1.500 millones de euros. Además, se elimina completamente la obligación de presentar planes de transición climática.
Marie Bjerre, ministra danesa de Asuntos Europeos, celebró que el acuerdo cree un entorno empresarial más favorable, mientras que Jörgen Warborn, eurodiputado del PPE y líder de las negociaciones en el Parlamento, destacó que se trata de "una reducción histórica de costes" y defendió que no compromete los objetivos del Pacto Verde. "Es una victoria para la competitividad y para Europa", subrayó, a pesar de las críticas de organizaciones medioambientales.
En paralelo, la UE también ha retrasado otra normativa ambiental clave: la ley de deforestación, inicialmente pionera en combatir este problema climático, se aplicará finalmente en diciembre de 2026, un año después de lo previsto. Además, la regulación que buscaba evitar que productos como cacao, café, aceite de palma, madera o caucho generen deforestación en su origen se aprobará de manera mucho más laxa que en la propuesta inicial, "para facilitar su aplicación a empresas, actores internacionales y Estados miembros", según la justificación oficial. Sin embargo, los críticos advierten que este acuerdo no solo reduce la efectividad medioambiental, sino que también introduce incertidumbre sobre compromisos legislativos previamente cerrados, un riesgo que la Comisión Europea pretende mantener con futuras revisiones "simplificadoras".