(El Economista, 27-10-2025) | Laboral
La proporción de trabajadores autónomos dentro del conjunto de la población ocupada en España ha alcanzado en 2025 su nivel más bajo desde que existen registros. Desde 2012 -año en que comenzaron a publicarse los primeros datos de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)-, el peso de este colectivo ha descendido 2,38 puntos porcentuales: hace trece años los autónomos representaban cerca del 20% del total de trabajadores, mientras que en septiembre de este año su participación ha caído hasta el 15,73%.
Este retroceso se produce en un momento especialmente sensible para las cuentas del RETA, cuyo déficit ha aumentado un 18% interanual, justo cuando el Gobierno ha visto bloqueado su intento de incrementar de forma generalizada las cuotas al colectivo.
A pesar de que en términos absolutos el número de autónomos ha crecido -alcanzando los 3,41 millones de afiliados en septiembre-, su evolución es mucho más moderada que la del empleo asalariado. Los trabajadores por cuenta ajena ya suman 21,6 millones, por lo que la proporción de autónomos dentro del total sigue reduciéndose. Además, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, el número de autónomos cayó en 10.500 personas.
En paralelo, los ingresos por cotizaciones del RETA muestran un ligero descenso del 0,7% interanual hasta agosto, pese al aumento de afiliados y de las bases mínimas de cotización respecto a 2024. Según el Resumen de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Seguridad Social, se han recaudado 8.063,91 millones de euros hasta agosto, el 64% de los 12.037,96 millones previstos para todo el año. La ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) atribuye parte de esta caída a cambios en las bases de cotización de los autónomos societarios, aunque desde el Ministerio señalan que la recaudación "permanece estable" y que será necesario esperar al cierre del ejercicio para una valoración definitiva.
La reforma del sistema de cotización de los autónomos, aprobada en 2021 bajo el mandato del exministro José Luis Escrivá, fue uno de los pilares de la reforma de pensiones. Su propósito era que los autónomos cotizaran en función de sus ingresos reales, aumentando así los recursos del sistema y reduciendo el déficit contributivo.
Sin embargo, desde la puesta en marcha del nuevo modelo, el déficit del RETA -la diferencia entre las cotizaciones ingresadas y el gasto en pensiones- no ha dejado de crecer. En 2022, antes de la reforma, el sistema registró un déficit de 3.913 millones de euros. En 2023, ya con el nuevo esquema, ascendió a 5.866 millones, y en 2024 alcanzó los 5.879 millones. Hasta agosto de 2025, el déficit se sitúa en 4.148 millones, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior.
Aunque los ingresos se han mantenido relativamente estables desde la entrada en vigor del nuevo modelo, el gasto en jubilaciones de los autónomos ha crecido de forma constante: de 15.446 millones en 2022 a 18.056 millones en 2024, según datos del Ministerio de Seguridad Social. La patronal prevé que la recaudación mejore gradualmente conforme avance la implantación completa del sistema de cotización por ingresos reales.
Este gasto seguirá aumentando en los próximos años, ya que para 2027 se estima que más de medio millón de autónomos (569.214) estarán en edad de jubilación -189.300 ya superan los 64 años y 379.914 se encuentran entre los 60 y 64-.
En paralelo, el Ministerio y los agentes sociales mantienen abierta la negociación de las tablas de cotización del RETA para 2026. Las conversaciones se han visto tensionadas por el malestar de las organizaciones y sindicatos, tras la decisión del Gobierno de limitar la subida de las cuotas por debajo del IPC. La nueva propuesta reduce el incremento de las bases mínimas desde el 35% inicial a solo un 2,5% para los autónomos con mayores ingresos.
Además de la discusión sobre las bases de cotización -cuyo objetivo es lograr que los autónomos coticen por ingresos reales en 2032-, las asociaciones reclaman mejoras en la protección social antes de cerrar un acuerdo. La ATA, por ejemplo, condiciona su apoyo a que el Ministerio de Seguridad Social refuerce la prestación por cese de actividad y extienda el subsidio para mayores de 52 años al colectivo autónomo. No obstante, estas medidas dependen del Ministerio de Trabajo, y no del departamento dirigido por Elma Saiz.