(El Economista, 12-11-2025) | Fiscal
La tasa por la gestión de residuos urbanos -conocida comúnmente como tasa de basuras-, a menudo criticada tanto por los ayuntamientos como por los ciudadanos, supondrá en 2025 un incremento del 7% en los ingresos fiscales de los 17 municipios más poblados de España respecto al año anterior. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en sus últimas previsiones relativas a los presupuestos locales de 2026, el impacto económico de esta tasa se moderará el próximo ejercicio, representando únicamente un aumento del 2% en la recaudación fiscal.
Entre los 17 grandes municipios -aquellos con más de 250.000 habitantes-, cuatro incrementarán aún más estos ingresos, alcanzando un 9% adicional: Madrid, Valencia, Alicante y Córdoba. Ya en 2026, serán Sevilla, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid los que superen ese umbral del 9%. La AIReF subraya que algunos ayuntamientos todavía están elaborando o adaptando la correspondiente ordenanza fiscal para regular esta tasa.
La tasa de basuras fue establecida por el Gobierno mediante la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para avanzar hacia una economía circular. La norma obliga a todos los municipios de más de 5.000 habitantes a aplicarla a partir de abril de 2025, aunque cada ayuntamiento puede fijar sus propios criterios para calcular su importe. En Madrid, por ejemplo, ya se han emitido los primeros recibos, tomando como referencia el valor catastral, la cantidad de residuos generados y el nivel de reciclaje de cada barrio. De cara al próximo año, el consistorio madrileño ha anunciado que el criterio principal será el número de personas empadronadas en cada vivienda, acompañado de una reducción del IBI como medida compensatoria. En otros municipios, la tasa ya formaba parte del propio IBI.
A pesar de su impopularidad, el nuevo tributo aportará una considerable mejora en la recaudación de los grandes ayuntamientos. Sin embargo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que representa al 95% de las entidades locales, critica que se haya impuesto obligatoriamente. Según su secretario general, Luis Martínez-Sicluna, la normativa europea no exigía crear de forma inmediata una tasa obligatoria, y recuerda que, a diferencia de otras tasas, ésta no puede generar déficit, lo que anticipa un aluvión de recursos.
El informe de la AIReF analiza la evolución de 25 grandes entidades locales -incluyendo ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares- y pronostica un superávit del 5,6% para 2025. Este porcentaje mejora las previsiones del informe anterior, publicado en julio, que situaba el superávit en el 4,9%, debido sobre todo al avance en la ejecución presupuestaria. La mejora se observa especialmente en las entidades de régimen común, ya que las diputaciones forales mantienen cifras similares a las del verano. En cuanto a ingresos, el superávit estimado para 2025 será del 3,7%. Para 2026, el organismo calcula un superávit del 2,7%, con un incremento de los ingresos del 5%.
No obstante, estas cifras son promedios. Municipios como Palma, Valladolid, Gijón y Vitoria-Gasteiz, así como el Cabildo de Tenerife, se moverán cerca del equilibrio presupuestario. En contraste, ayuntamientos como Madrid, Valencia, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria, además de las diputaciones forales de Gipuzkoa y Bizkaia, registrarán los mayores superávits, aunque esta última prevé entrar en déficit en 2026.
La AIReF atribuye la buena salud financiera de estas entidades a previsiones de ingresos muy cautas respecto a la financiación procedente del Estado. En este contexto, la FEMP ha solicitado sin éxito al Gobierno una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para destinar parte del superávit a vivienda pública o inversiones financieras sostenibles, una propuesta que también respalda el Banco de España.
El informe incorpora además advertencias: todavía no se han fijado los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para los próximos tres años, ni se ha actualizado el informe económico que determina la tasa de referencia para la regla de gasto. Tampoco se ha adaptado al marco nacional la nueva normativa fiscal europea, cuyo plazo de transposición finaliza el 31 de diciembre de 2025 y que influirá en las reglas fiscales a partir de 2026.
Las grandes entidades locales prevén un aumento del 2,3% en su gasto primario para 2026, es decir, en los gastos destinados a bienes y servicios, excluyendo los financiados por fondos Next Generation. La baja ejecución presupuestaria actual impulsa este incremento, y la mayoría de los ayuntamientos calcula que el gasto crecerá algo más de un 4% el próximo año. En cuanto al gasto computable -utilizado para medir el cumplimiento de la regla de gasto-, se estima que los grandes municipios mantendrán un crecimiento inferior al límite del 3,2% en 2025, aunque Murcia, Palma y Córdoba lo sobrepasarán. Si esto ocurre, la AIReF advierte de que deberán aumentar su capacidad de financiación entre dos y seis puntos porcentuales.
Para 2026, todas las entidades salvo la Diputación Provincial de Valencia prevén ajustarse a la regla de gasto. En cuanto a deuda, todas las administraciones analizadas presentan ratios por debajo del 70%. Destacan, por su mínima deuda, los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Vigo, y las diputaciones de Barcelona y Sevilla. La continua generación de superávits está reduciendo de manera sostenida estos niveles de endeudamiento.
La AIReF recomienda que, en caso de incumplir los objetivos fiscales, las entidades aprueben el correspondiente Plan Económico-Financiero y mantengan actualizada la información que remiten. El informe lamenta que algunas administraciones sigan sin facilitar datos suficientes, mencionando explícitamente a Parla, que no ha enviado información a pesar de múltiples requerimientos, y a los municipios de Arcos de la Frontera y Los Palacios y Villafranca, que aún no han aprobado definitivamente la liquidación de 2024.