(El Economista, 02-02-2026) | Laboral
El Ejecutivo tiene previsto aprobar a lo largo de este mes el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas, lo que supone unos ingresos anuales de 17.094 euros. Esta cuantía ha sido pactada con los sindicatos, pese al rechazo de la CEOE, y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Junto a la mejora salarial, también aumentarán las cotizaciones sociales, de modo que el coste para las empresas se elevará en al menos 690 euros anuales por trabajador respecto al año anterior.
El Ministerio de Trabajo optó por una subida del 3,1% del SMI, siguiendo la recomendación del comité asesor en un escenario en el que no se aplicara tributación. A diferencia de lo ocurrido en el ejercicio previo, el Ministerio de Hacienda se comprometió desde el inicio de las negociaciones a mantener este nivel salarial exento del IRPF. Por este motivo, en el diálogo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme no se barajaron alternativas con importes distintos.
Como consecuencia de esta actualización, el coste mínimo que deberán asumir las empresas por cada trabajador con salario mínimo ascenderá a unos 23.470 euros anuales, frente a los aproximadamente 22.780 euros correspondientes al SMI vigente a comienzos de 2025. No obstante, esta cifra es orientativa, ya que en los sectores con mayor nivel de riesgo laboral el desembolso será superior, al aplicarse tipos de cotización más elevados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Los cálculos realizados parten de un tipo del 1,5% para estas contingencias, habitual en empleos de oficina, asesorías o despachos profesionales. Sin embargo, este porcentaje puede situarse entre ese mínimo y el 7,15%, según la actividad económica, lo que genera diferencias de hasta 1.120 euros en las aportaciones a la Seguridad Social entre unas empresas y otras. Desde la patronal señalan que la media ponderada ronda el 2%, aunque en sus estimaciones suelen emplear un 3%.
Al igual que sucede con las cotizaciones por contingencias comunes, desempleo, formación profesional, FOGASA o el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -que ha experimentado un ligero aumento a comienzos de año-, la cotización por accidentes se calcula sobre la base mínima, que se incrementa con el SMI al equivaler a este salario más una sexta parte. En la actualidad, dicha base se sitúa en 1.381,2 euros y, tras la subida, pasará a 1.416 euros.
De este modo, las empresas pagarán de media unos 6.375 euros anuales en cotizaciones por cada trabajador que cobre el SMI, lo que supone 173 euros más que el año anterior. La mayor parte del incremento del coste laboral se trasladará directamente al salario del trabajador, con un aumento de 518 euros anuales. El MEI es el único componente de cotización que ha subido de forma directa, por lo que la principal causa del encarecimiento es la ampliación de la base mínima.
Durante las negociaciones del SMI, tanto los agentes sociales como el Ministerio de Trabajo adelantaron que Hacienda pretendía repetir el sistema aplicado en 2025, creando una nueva deducción para evitar que estos salarios tributen. El departamento dirigido por María Jesús Montero ha confirmado su intención de hacerlo, aunque aún no ha concretado el importe de la ampliación de la deducción introducida el año pasado, que permitiría este ajuste sin modificar el mínimo exento.
Los Técnicos de Hacienda (GESTHA) señalaron el pasado viernes que dicha deducción debería alcanzar los 592 euros para impedir que los trabajadores solteros y sin hijos que perciben el SMI tengan que pagar IRPF. No obstante, el colectivo volvió a mostrar su rechazo a esta solución transitoria, que implica retenciones mensuales y devoluciones posteriores en la declaración de la renta, y reclamó elevar directamente el mínimo exento. Además, estimaron en unos 200 millones de euros la merma de recaudación derivada de mantener el SMI libre de tributación.
Por otro lado, las empresas de trabajo temporal han advertido del impacto económico de la revisión de las nóminas correspondientes al mes de enero. Aunque todavía no se ha concretado la fecha exacta de aprobación del nuevo SMI, su entrada en vigor con carácter retroactivo obligará a rehacer millones de nóminas, lo que conlleva tanto un coste económico -por las diferencias salariales y de cotización- como un esfuerzo administrativo significativo.
La patronal de las ETT y Agencias de Empleo, ASEMPLEO, alertó de que este proceso puede suponer un sobrecoste administrativo cercano a los 2,9 millones de euros para el conjunto de las empresas, debido al retraso en la publicación oficial del SMI de 2026 y su aplicación desde el inicio del año. En el caso concreto de las ETT, el coste estimado asciende a unos 690.000 euros, agravado por el hecho de que muchos trabajadores ya no permanecen en las mismas empresas.
Según detallan, cada recálculo requiere unos 14 minutos de gestión, con un coste horario de consultoría de nóminas de 57 euros y un gasto unitario de 13,30 euros, lo que afecta especialmente a sectores con alta rotación de personal. El presidente de ASEMPLEO, Andreu Cruañas, subrayó que la dificultad para trasladar estos costes administrativos al cliente final reduce los márgenes y la productividad, perjudicando la competitividad de un sector sometido a elevadas exigencias normativas.
Por ello, la organización, integrada en la CEOE, solicitó que la aplicación del nuevo SMI se posponga hasta el momento de su aprobación oficial, en lugar de tener efectos retroactivos desde enero. A su juicio, que las empresas conozcan con antelación la normativa y puedan calcular sus costes resulta esencial para una correcta planificación.