(El País, 02-10-2025) | Laboral
El Ministerio de Seguridad Social ha incumplido un plazo que había prometido oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El departamento dirigido por Elma Saiz debía haber constituido ya una comisión encargada de evaluar las solicitudes para adelantar la jubilación en profesiones con alta siniestralidad o bajas prolongadas, pero aún no lo ha hecho. El plazo máximo para cumplir con este compromiso vencía el 28 de septiembre, cuatro meses después de la publicación del real decreto correspondiente.
Desde el Ejecutivo aseguran que la puesta en marcha de la comisión es "inminente" y que este retraso no afectará los plazos de respuesta para las solicitudes. Sin embargo, los sindicatos no han tardado en mostrar su malestar. El Gobierno tampoco ha cumplido con otro compromiso incluido en el decreto: la creación de un grupo de trabajo que aborde la perspectiva de género en este debate. Además, cabe recordar que inicialmente se preveía que esta nueva herramienta estaría activa en febrero, pero su publicación en el BOE no llegó hasta finales de mayo, con tres meses de demora.
La opción de adelantar la edad de jubilación en trabajos especialmente duros o peligrosos ya existe mediante los llamados coeficientes reductores. Estos permiten que el tiempo trabajado en ciertas profesiones cuente más a efectos de jubilación. Actualmente, ya se aplica en sectores como la minería, la marina mercante o determinados cuerpos policiales.
El Ejecutivo acordó con sindicatos y organizaciones empresariales extender este mecanismo a más ocupaciones, basándose en criterios objetivos. Según este procedimiento, los agentes sociales -ya sea de forma conjunta o por separado- pueden presentar solicitudes para determinadas profesiones en las que haya un alto nivel de siniestralidad o bajas de larga duración. Una comisión especializada analizará esas peticiones y emitirá una recomendación, aunque la decisión final recaerá en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
"No sabemos nada. Preguntamos y, como siempre, no hay respuesta", denuncia Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT. Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, también critica la demora: "La comisión ya tendría que estar constituida". Además, Estévez recuerda que también está pendiente el grupo de trabajo sobre penosidad y género, cuyo plazo para su creación venció el 17 de septiembre. "El 84% de quienes se benefician actualmente de los coeficientes reductores son hombres, y se prometió una comisión específica para estudiar ese desequilibrio. A día de hoy, no existe", afirma.
La Seguridad Social admite ambas demoras, pero insiste en que esto no altera el calendario de evaluación de las solicitudes ya presentadas. Según el real decreto, el Ministerio tiene seis meses para responder desde la fecha de registro electrónico de cada petición. En el caso del sector de la construcción, que ya ha solicitado formalmente los coeficientes, la respuesta debería llegar como máximo a principios de 2025.
Carlos Bravo advierte de que si no hay respuesta en el plazo de seis meses, la solicitud se considerará desestimada. Además, el decreto establece que si una petición es rechazada, ese colectivo no podrá volver a solicitar los coeficientes hasta pasados cuatro años. Por eso, insiste en que es urgente que la comisión empiece a trabajar cuanto antes y que estos retrasos no penalicen a quienes ya han iniciado el procedimiento.
Aunque aún no esté funcionando el comité, las solicitudes sí pueden registrarse. Sin embargo, Bravo alerta de otra preocupación: cada petición requiere varios informes técnicos elaborados por la Administración, imprescindibles para que la futura comisión pueda evaluar adecuadamente cada caso. Y, por ahora, no consta que esos trabajos hayan comenzado.
Tanto UGT como CC OO también han expresado su rechazo al diseño inicial del comité propuesto por el Ministerio en junio. Según esa propuesta, el órgano estaría formado por 10 miembros, de los cuales ocho serían representantes de la Administración, y solo dos corresponderían a los agentes sociales: uno para los sindicatos (que CC OO y UGT deberían turnarse) y otro para las patronales (a repartir entre CEOE y Cepyme). Ambos sindicatos presentaron objeciones y siguen esperando una respuesta oficial.
El acuerdo que da origen a este nuevo procedimiento para jubilarse anticipadamente en profesiones penosas fue firmado el 18 de septiembre de 2024 entre el Gobierno y los agentes sociales.
Desde el Ministerio se insiste en que esta vía está pensada solo para casos muy específicos, y no para sectores enteros. Además, solo se concederán coeficientes reductores si no es viable modificar o adaptar las condiciones laborales del puesto para reducir su dureza. Esta cautela responde al delicado contexto del sistema de pensiones, que se enfrenta a una creciente presión debido al aumento en el número de jubilados y al encarecimiento de las prestaciones, ahora ligadas al IPC.
El reglamento también establece que el coste económico de aplicar los coeficientes debe ser neutral: es decir, debe existir una sobrecotización suficiente para compensar el adelanto de la jubilación. Este posible encarecimiento de los costes laborales ha generado reticencias entre algunas patronales, como la de la construcción, que no acompañó a CC OO y UGT en la solicitud registrada en julio. Aun así, tanto CEOE como Cepyme respaldaron la normativa general que regula este procedimiento.