(El País, 10-04-2026) | Laboral
El aumento del gasto en pensiones y su efecto sobre las cuentas públicas sigue siendo un tema delicado que enfrenta a Gobierno, oposición y expertos. Con el objetivo de asegurar la viabilidad futura del sistema, el Ejecutivo ha presentado una nueva herramienta de análisis que, según fuentes de la Seguridad Social, ofrece previsiones más precisas y fiables que las existentes hasta ahora. Este modelo, denominado INTegraSS, plantea un impacto del gasto en pensiones sobre el PIB más contenido que el estimado por otros organismos, en un contexto de creciente preocupación por su coste.
La herramienta, presentada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, pretende ofrecer la estimación más realista posible con los datos actuales. Sus primeras proyecciones sitúan el gasto total en pensiones -incluyendo las contributivas, las de funcionarios y las asistenciales- en una media del 14% del PIB entre 2022 y 2050. Esta cifra es inferior a las calculadas por instituciones como la AIReF (14,4%) o la Comisión Europea (en torno al 14,6% tras ajustes). En la actualidad, el gasto se sitúa ligeramente por debajo del 13% del PIB.
Para elaborar estas previsiones, el modelo utiliza un amplio conjunto de datos, que abarca desde pensiones en vigor y altas y bajas del sistema, hasta información detallada de 34 generaciones de trabajadores (nacidos entre 1938 y 1972), incluyendo variables como edad, sexo o tipo de prestación. Todo ello se combina con proyecciones macroeconómicas y demográficas, basadas en estimaciones oficiales del INE, con criterios prudentes según el Gobierno.
Aunque esta herramienta permitirá anticipar decisiones y se actualizará periódicamente, sus resultados no sustituirán a los cálculos de la Comisión Europea, que seguirán siendo la referencia oficial, ni a los análisis de la AIReF, que utiliza dichas estimaciones comunitarias para evaluar el sistema.
El peso del gasto en pensiones es clave para medir la sostenibilidad del sistema y condiciona el diseño de la política fiscal. La última reforma incluyó una "cláusula de cierre", que obliga a adoptar medidas si el gasto supera ciertos límites en relación con los ingresos. La AIReF es el organismo encargado de revisar esta situación cada tres años.
En su última evaluación, realizada hace un año, España evitó por poco activar esta cláusula, al situarse el gasto neto en el 13,2% del PIB, apenas una décima por debajo del umbral fijado (13,3%). No obstante, el informe fue crítico, señalando deficiencias metodológicas derivadas de las indicaciones del Gobierno, y advirtiendo que sus conclusiones no permitían valorar con fiabilidad la sostenibilidad del sistema.
Una de las principales discrepancias, compartida en parte por Bruselas, se centra en el tratamiento de las transferencias del Estado a la Seguridad Social, que el Gobierno contabiliza como ingresos. Ante esta situación, la Comisión Europea ha solicitado una nueva evaluación antes de junio de 2026, como parte del seguimiento vinculado a los fondos europeos.
A la espera de ese nuevo informe, el Ejecutivo confía en que el sistema vuelva a superar la revisión sin necesidad de aplicar ajustes. Argumenta que el crecimiento económico y el aumento de las cotizaciones, impulsados por el empleo y el PIB, podrían compensar la eliminación de esas transferencias en el cálculo.
Más allá de los resultados iniciales, el Gobierno subraya la utilidad de esta herramienta para tomar decisiones con suficiente antelación en un ámbito como el de las pensiones, donde los efectos se proyectan a largo plazo. Según Cuerpo, hasta ahora este tipo de análisis ha sido insuficiente frente al peso de las previsiones a corto plazo, lo que en ocasiones ha llevado a legislar con escasa información.
Por su parte, Elma Saiz ha destacado que resultaba incoherente que, disponiendo de todos los datos del sistema público, España no contara con una herramienta propia de proyección. A partir de ahora, INTegraSS será la base para realizar estimaciones oficiales y evaluar el impacto de posibles reformas en el sistema de pensiones.