(El País, 22-12-2025) | Laboral
La Seguridad Social ha comenzado en los últimos días a comunicar a algunos beneficiarios de pensiones de incapacidad permanente, reconocidas por contingencias profesionales vinculadas a enfermedades provocadas por la exposición al amianto, el próximo pago de sus indemnizaciones. Según fuentes del organismo, antes de que finalice el año se habrá informado del abono de alrededor de cinco compensaciones. Con ello se pone en marcha, por fin, el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, casi cuatro años después de su creación y de la primera dotación presupuestaria realizada en 2022.
El reglamento que desarrolla este fondo entró en vigor el pasado 18 de septiembre, tres meses atrás, con un notable retraso: dos años y ocho meses después de lo establecido en la ley que dio origen al fondo en 2022. En principio, la aprobación de esta norma debía haber permitido iniciar de inmediato el pago de indemnizaciones a los cerca de 700 trabajadores que ya perciben una pensión de incapacidad permanente por enfermedades profesionales relacionadas con el amianto. Sin embargo, esto no ocurrió y los afectados han tenido que esperar hasta mediados de diciembre para recibir las primeras notificaciones. El nuevo aplazamiento se debe a la introducción de exigencias administrativas adicionales que han retrasado de nuevo la tramitación de los pagos.
En concreto, el reglamento establece que, además de tener reconocida una pensión de incapacidad permanente por patologías derivadas del amianto, los beneficiarios deben disponer de un certificado específico que acredite dichas enfermedades. Estos documentos deben ser emitidos por unidades administrativas creadas expresamente por las comunidades autónomas. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), dependiente del Ministerio de Sanidad, aprobó el pasado 12 de noviembre el procedimiento para la expedición de estos certificados y la puesta en marcha de dichas unidades. Algunas comunidades ya las han constituido y están tramitando solicitudes, mientras que otras todavía se encuentran en fase de implementación.
Como consecuencia de estos retrasos acumulados, el fondo ha permanecido prácticamente inactivo durante tres ejercicios consecutivos, sin efectuar ningún pago en 2022, 2023 ni 2024. En 2025, su utilización será mínima, ya que solo se abonarán compensaciones a menos de una decena de personas en los últimos días del año, con un desembolso aproximado de 300.000 euros, según estimaciones de las asociaciones de afectados. No obstante, la previsible prórroga automática de los Presupuestos a partir del 1 de enero permitirá que el fondo vuelva a contar con una dotación de 25 millones de euros para continuar con los pagos.
En cualquier caso, dado que los importes no ejecutados no se acumulan de un ejercicio a otro, los continuos aplazamientos han supuesto que cerca de 100 millones de euros presupuestados en los últimos cuatro años no hayan llegado a los afectados por enfermedades causadas por el amianto en el ámbito laboral.
De acuerdo con los datos recogidos en la memoria de impacto normativo del real decreto que regula el fondo, elaborada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se estima que cada año se producen 4.582 fallecimientos atribuibles a la exposición laboral al amianto, principalmente por mesotelioma y cáncer de pulmón y bronquios, y que el 92% de las víctimas son hombres.
No obstante, el número de personas que podrían acceder efectivamente a estas compensaciones económicas es considerablemente menor. Según explica Jon García, portavoz de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), se limitaría a menos de 700 trabajadores que tienen reconocida una incapacidad permanente por enfermedades relacionadas con el amianto y que continúan con vida. García denuncia la existencia de "dos grandes incoherencias entre la ley que creó el fondo en 2022 y el reglamento que regula su funcionamiento, aprobado el pasado septiembre", y reclama una modificación de la normativa.
Por un lado, señala que "el espíritu de la ley planteaba una cobertura universal para todas las personas afectadas y sus familias, pero el reglamento ha reducido el acceso a las compensaciones a un colectivo muy reducido". Por otro, recuerda que la norma original también pretendía que las indemnizaciones fueran lo suficientemente elevadas como para evitar que los afectados recurrieran a la vía judicial, algo que, a su juicio, no se ha materializado. De hecho, las asociaciones denuncian que las indemnizaciones reconocidas actualmente por los tribunales suelen triplicar las cuantías fijadas por el fondo: 96.626 euros para los casos de mesotelioma, 64.414 euros para el cáncer de pulmón, 44.310 euros para el cáncer de laringe y 32.207 euros para la asbestosis.