(Expansión, 06-05-2025) | Laboral
El Tribunal de Cuentas ha lanzado una advertencia urgente sobre la creciente deuda que mantiene la Seguridad Social con el Estado, instando a la adopción de medidas que garanticen la viabilidad financiera del sistema de pensiones a medio y largo plazo. En su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2023, el organismo fiscalizador pone el foco en el progresivo deterioro de las cuentas de la entidad que gestiona el pago mensual de más de 10 millones de pensiones, cuyo déficit alcanzó los 98.526 millones de euros al cierre del pasado ejercicio.
Este desequilibrio persiste a pesar del notable aumento en la recaudación por cotizaciones sociales -que en 2024 se situó en 165.573 millones de euros- impulsado por la mejora del empleo, el incremento del salario mínimo (que ha subido un 61% desde 2018), el destope de la base máxima de cotización y las nuevas figuras como la cuota de solidaridad o el mecanismo de equidad intergeneracional. Sin embargo, todos estos ingresos no son suficientes para cubrir el gasto total en pensiones, que en 2023 ascendió a unos 204.000 millones de euros.
Para hacer frente a este gasto, el sistema depende cada vez más de recursos adicionales del Estado, vía transferencias y préstamos procedentes de los Presupuestos Generales, es decir, financiados con impuestos. A finales de 2023, el conjunto de ayudas estatales otorgadas a la Tesorería General de la Seguridad Social sumaba casi 181.000 millones de euros entre préstamos (98.997 millones) y transferencias corrientes (81.829 millones).
Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas subraya la urgencia de adoptar cambios normativos que pongan freno al endeudamiento creciente de la Seguridad Social, advirtiendo que, de no actuar, la sostenibilidad del sistema estará en riesgo en el futuro.
Lejos de corregir esta dependencia, las reformas impulsadas entre 2021 y 2023 han reforzado el papel de las transferencias del Estado como fuente estructural de financiación del sistema. Por ejemplo, aunque en marzo de 2025 la Seguridad Social registró un superávit de 2.913 millones de euros gracias a una recaudación cercana a los 50.000 millones (un 7,6% más que el año anterior), ese resultado positivo se sustentó también en aportaciones del Estado por valor de 9.971 millones de euros, un 30% más que en marzo de 2024. Para el conjunto del año, estas transferencias alcanzaron los 48.213 millones, equivalentes al 3,1% del PIB.
Este aumento ha sido objeto de análisis por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que advierte que, con las reformas recientes -especialmente la indexación anual de las pensiones al IPC-, será necesario incrementar aún más estas transferencias. Según sus estimaciones, en 2050 el sistema necesitará más de 85.000 millones anuales procedentes de impuestos para mantenerse operativo.
En resumen, la creciente dependencia de financiación estatal, lejos de reducirse, se está consolidando como un componente estructural del sistema, lo que pone en duda la capacidad de la Seguridad Social para revertir su situación financiera con el marco actual.