(El País, 17-10-2025) | Laboral
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este jueves la creación del comité de expertos encargado de analizar qué profesiones podrán acceder a la jubilación anticipada por su carácter especialmente penoso, peligroso o insalubre. Con ello, el Ministerio de Seguridad Social cumple finalmente con un compromiso que debía haberse concretado antes del 29 de septiembre, es decir, cuatro meses después de la entrada en vigor del decreto que regula este nuevo mecanismo para adelantar el retiro en determinados sectores laborales.
La posibilidad de jubilarse antes en trabajos con alta exigencia física o riesgo elevado no es una medida inédita. Ya existe a través de los coeficientes reductores, que permiten que cada año trabajado en estas actividades compute como un periodo superior, facilitando así el acceso anticipado a la jubilación. Actualmente, mineros, marineros y algunos cuerpos policiales ya disfrutan de este sistema.
El Gobierno acordó el año pasado con sindicatos y organizaciones empresariales la ampliación de este beneficio a otras profesiones, estableciendo un procedimiento objetivo y transparente. Según la nueva normativa, los agentes sociales pueden solicitar la aplicación de coeficientes reductores para determinadas ocupaciones que presenten mayor siniestralidad, más bajas laborales y de mayor duración. Una comisión de evaluación, constituida este jueves, será la encargada de examinar esas peticiones y emitir una recomendación, aunque la decisión final recaerá en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Los sindicatos han criticado la demora del Ministerio en poner en marcha esta comisión, ya que sin su creación no pueden iniciarse las solicitudes formales. "Queremos advertir de que la tramitación de las solicitudes no puede empezar hasta que la comisión exista, y el plazo ya se ha incumplido", señaló CC OO en un comunicado emitido junto a UGT y la patronal Confebus, en el que reclamaban coeficientes reductores para los conductores de autobús. Otra de las peticiones pendientes que deberá analizar la comisión es la del sector de la construcción, promovida únicamente por los sindicatos, sin el apoyo de la patronal.
Desde Seguridad Social aclaran que este retraso no afectará a los plazos máximos de respuesta, que, según el decreto, son de seis meses a contar desde la fecha en la que la solicitud quede registrada oficialmente. El BOE detalla además la composición del comité de evaluación, que incluirá representantes de distintos organismos públicos: la Subdirección General de Seguimiento Estadístico de la Seguridad Social, la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Dirección del Instituto Social de la Marina (cuando se traten temas del régimen del mar), el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Función Pública (en asuntos relacionados con funcionarios) y el Ministerio de Hacienda.
A ellos se sumarán dos representantes de las patronales -uno de la CEOE y otro de Cepyme- y dos de los sindicatos, CC OO y UGT. La presidencia de la comisión la ostentará un miembro de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
En total, el Gobierno contará con siete votos frente a cuatro de los agentes sociales. Aunque la comisión no tomará decisiones vinculantes, sí deberá emitir una recomendación en el plazo máximo de un mes desde que reciba los informes de morbilidad y mortalidad elaborados por organismos competentes, como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.