(Expansión, 09-07-2025) | Laboral

El Gobierno pretende acelerar las negociaciones para definir las nuevas cuotas de los trabajadores autónomos correspondientes a los años 2026, 2027 y 2028. Así lo anunció ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, quien informó que el Ministerio ha convocado a los agentes sociales el próximo 14 de julio para una primera reunión que dé inicio al proceso de revisión del sistema de cotización de los autónomos. Esta revisión forma parte del calendario establecido en la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), acordada en 2022 entre el Ejecutivo, las organizaciones empresariales, las asociaciones de autónomos y los sindicatos, con el objetivo de consolidar un modelo de cotización basado en los ingresos reales.

El actual sistema, que deja atrás el modelo anterior de elección libre de la base de cotización, establece quince tramos de ingresos, cada uno con una base mínima y máxima asociada, de la que depende la cuota mensual. Este esquema, vigente durante el primer trienio del periodo transitorio, está sujeto a revisión en dos ocasiones más antes de su implementación definitiva.

Sin embargo, el Ministerio que dirige Elma Saiz arranca esta nueva etapa con dificultades. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la más representativa del sector, ha anunciado que no asistirá a la convocatoria si antes no se atienden dos reivindicaciones que llevan planteando desde hace dos meses. Además, fuentes consultadas por EXPANSIÓN advierten que el rechazo a participar podría extenderse también a CEOE y Cepyme, lo que dejaría a la reunión sin representación empresarial.

"ATA no participará en la reunión mientras no se resuelvan los errores actuales relacionados con la regularización de las cotizaciones sociales de 2023. No podemos abrir una nueva negociación para 2026 sin cerrar antes el capítulo correspondiente al ejercicio de 2023", declaró Lorenzo Amor, presidente de ATA, tras conocerse el anuncio del secretario de Estado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso.

Las quejas de ATA se centran en dos cuestiones principales. La primera es el cambio de criterio aplicado a los autónomos en situación de pluriactividad con el nuevo sistema. Tradicionalmente, a quienes cotizaban simultáneamente al régimen general y al RETA, se les devolvía el 50% del exceso de cotización sobre la base máxima. En estos casos, unos 40.000 autónomos solían cotizar por la base mínima en el RETA, al tener ya cubiertas sus contingencias a través de su empleo principal como asalariados.

Con el nuevo modelo, ATA denuncia tres efectos perjudiciales: primero, ya no es posible cotizar por la base mínima si se superan los rendimientos, aunque se cotice por encima de la base máxima en el régimen general; segundo, muchos autónomos están siendo requeridos para abonar diferencias al haber cotizado por debajo de sus ingresos reales; y tercero, la devolución del 50% ahora se calcula sobre el importe reclamado por la regularización basada en rendimientos netos, lo que resulta en una aportación mayor que con el sistema anterior. Además, insisten en que estas cotizaciones al RETA no generan beneficios, ni siquiera en la jubilación, ya que la pensión máxima se calcula en base a las cotizaciones del régimen general.

Por ello, ATA solicita que este "esfuerzo solidario sin contraprestación" se compense con una tarifa plana o una cuota reducida, para evitar que el sistema resulte confiscatorio. La segunda crítica de la asociación se refiere a la interpretación que hace la Seguridad Social para aquellos autónomos que no presentaron la declaración del IRPF de 2023 o que, aun presentándola, no declararon rendimientos. En estos casos, no se les permite mantener la base de cotización que tenían a 31 de diciembre de 2022. Esto afecta a colaboradores, familiares de socios y socios de sociedades que no perciben ingresos de estas, lo que desde ATA consideran discriminatorio, sobre todo si se compara con quienes presentan rendimientos negativos y sí pueden mantener su base.

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