(El País, 03-09-2026) | Fiscal
La riqueza declarada por los contribuyentes más adinerados de España se acerca ya al billón de euros. Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, quienes están obligados a presentar el impuesto sobre el patrimonio declararon en 2024 bienes y derechos por un valor conjunto de 986.985 millones de euros, el importe más elevado de toda la serie histórica. En apenas 13 años, esta cifra se ha más que duplicado, frente a los cerca de 450.000 millones declarados en 2011.
El incremento ha sido prácticamente constante durante todo este periodo. La riqueza declarada superó los 600.000 millones en 2015, rebasó los 700.000 millones en 2019 y alcanzó los 800.000 millones en 2021. Tras el paréntesis provocado por la pandemia, en 2023 experimentó un importante avance hasta situarse en 934.020 millones. Un año después, el patrimonio declarado sumó otros 50.000 millones.
Este aumento se produjo además pese a que el número de contribuyentes que presentaron el impuesto descendió ligeramente. Frente a los aproximadamente 228.500 declarantes de 2023, en 2024 fueron 227.424. La evolución refleja, entre otros factores, la revalorización de los activos financieros y una mayor concentración del patrimonio entre los contribuyentes con las mayores fortunas.
Los datos del impuesto sobre el patrimonio permiten conocer con detalle tanto el volumen como la composición de la riqueza de los hogares más acaudalados. Por regla general, deben presentar este tributo quienes cuentan con bienes y derechos por encima de los dos millones de euros. Y, frente a la imagen tradicional de grandes fortunas asociadas principalmente a inmuebles y bienes de lujo, la mayor parte de su patrimonio está actualmente vinculada a activos financieros.
En 2024, los bienes mobiliarios alcanzaron un valor declarado de 758.500 millones de euros, alrededor del 77% del patrimonio total. En esta categoría se incluyen acciones, participaciones en fondos de inversión, depósitos bancarios y títulos de deuda. Las acciones empresariales concentraron la mayor parte, con unos 525.000 millones, en un ejercicio en el que el Ibex 35 avanzó cerca de un 15%. Los depósitos bancarios, por su parte, sumaron 64.140 millones.
Los bienes inmuebles representaron una proporción mucho menor, aunque todavía significativa. Los contribuyentes declararon propiedades por 173.872 millones de euros, aproximadamente el 18% del patrimonio total. De esta cantidad, unos 27.600 millones correspondieron a la parte exenta de la vivienda habitual, dado que la normativa permite excluir los primeros 700.000 euros. Otros 141.000 millones correspondieron a inmuebles no exentos y alrededor de 5.000 millones a propiedades rústicas.
El resto de la riqueza se distribuyó entre distintas categorías. Los seguros y rentas representaron unos 17.300 millones; los bienes vinculados a actividades económicas, cerca de 11.500 millones; y los bienes suntuarios, obras de arte y antigüedades, unos 2.300 millones. Por último, otros bienes y derechos de contenido económico, entre los que figuran las monedas virtuales, los derechos de propiedad intelectual e industrial y determinadas concesiones administrativas, sumaron aproximadamente 23.500 millones.
El crecimiento del patrimonio declarado también se ha traducido en una mayor recaudación para las Administraciones públicas y ha adquirido especial relevancia en la disputa fiscal entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Durante años, algunos territorios, con Madrid como principal ejemplo, aplicaron bonificaciones de hasta el 100% en el impuesto sobre el patrimonio. Esta situación cambió en 2022 con la creación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, diseñado para gravar los patrimonios más elevados y limitar en la práctica el efecto de las bonificaciones autonómicas.
La aparición de este nuevo tributo desencadenó una pugna por los ingresos fiscales. Comunidades como Madrid y Andalucía optaron por recuperar la recaudación del impuesto sobre el patrimonio para que esos recursos permanecieran en sus respectivas arcas en lugar de ser ingresados por el Estado. El impacto se reflejó rápidamente en la recaudación: en 2023 los ingresos conjuntos crecieron más de un 50%, hasta 1.926 millones de euros, mientras que en 2024 alcanzaron un nuevo máximo de 2.154 millones.
Las mayores aportaciones procedieron de los contribuyentes con patrimonios más elevados. Un total de 1.013 personas con una riqueza superior a los 30 millones de euros abonaron conjuntamente 575,5 millones de euros. A continuación se situaron los aproximadamente 11.000 contribuyentes con patrimonios de entre seis y 30 millones, que pagaron cerca de 700 millones. Por su parte, unos 53.000 declarantes con una riqueza neta situada entre 1,5 y seis millones aportaron otros 716 millones.
La evolución de los últimos años muestra así una doble tendencia: el patrimonio declarado por las grandes fortunas españolas se aproxima al billón de euros y, al mismo tiempo, una parte cada vez mayor de esa riqueza se concentra en activos financieros, especialmente participaciones empresariales. El aumento del valor de estos activos y la concentración patrimonial explican buena parte del fuerte crecimiento registrado en la última década.