(El Economista, 29-12-2025) | Laboral
En el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, el Gobierno dio a conocer su decisión de prorrogar en 2026 las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) vigentes en 2025, ante la falta de acuerdo con las organizaciones representativas del colectivo. Esta medida, que aún debe ser ratificada por el Congreso de los Diputados, deja nuevamente en suspenso la reforma destinada a mejorar la prestación por cese de actividad, conocida popularmente como el "paro de los autónomos".
Cuando el Ministerio de Seguridad Social presentó inicialmente su propuesta para incrementar las cotizaciones, todas las asociaciones de autónomos la rechazaron de forma unánime, ya que contemplaba subidas mensuales de entre 10 y 200 euros a partir de 2026. En ese momento, las organizaciones empresariales dejaron claro que cualquier aumento de las cuotas debía ir acompañado de mejoras en la protección social, especialmente en lo relativo al cese de actividad. Posteriormente, el departamento que dirige Elma Saiz -actual portavoz del Gobierno- planteó una segunda propuesta con incrementos más moderados, de entre 3 y 15 euros al mes, lo que suponía un aumento máximo del 2,5%, frente al 30% previsto inicialmente. No obstante, las asociaciones mantuvieron su postura y condicionaron su apoyo a avances concretos en las prestaciones.
La falta de consenso limitó las negociaciones a dos reuniones, ambas sin éxito, en las que se rechazaron las propuestas ministeriales. Finalmente, el Ejecutivo optó por mantener las cuotas actuales durante 2026, sin aclarar el futuro de la reforma del cese de actividad, una prestación con escasa cobertura pese a que los autónomos cotizan por ella desde 2019.
Uno de los principales problemas radica en los estrictos requisitos exigidos para acceder al paro de los autónomos. Entre las distintas modalidades existentes destaca el cese por causas económicas, técnicas, productivas u organizativas que hagan inviable continuar con la actividad. Para que sea concedido, es necesario acreditar, entre otros supuestos, pérdidas superiores al 10% de los ingresos en un ejercicio completo, una reducción del 60% de la jornada de los trabajadores o la suspensión temporal de contratos de al menos el 60% de la plantilla, una caída de ingresos o ventas por debajo del 75% respecto a ejercicios anteriores, o que los rendimientos netos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o a la base de cotización del autónomo.
También existe el cese por fuerza mayor, que se aplica cuando una autoridad competente declara una situación de emergencia, como ocurrió durante la pandemia, o cuando la actividad se ve gravemente afectada, ya sea por una reducción de ingresos del 75% respecto al año anterior o porque los ingresos mensuales del autónomo se sitúan por debajo del SMI o de su base de cotización.
Debido a la dificultad para cumplir estos requisitos -especialmente para quienes acumulan varios meses de pérdidas y no desean prolongar una situación económica insostenible-, las organizaciones de autónomos reclaman una reforma profunda del sistema. Señalan que, aunque cotizan por esta prestación desde hace seis años, alrededor del 60% de las solicitudes son rechazadas. Entre las mejoras que proponen figuran el reconocimiento de una "no voluntariedad" en el cierre cuando la continuidad del negocio resulta inviable y la unificación de criterios entre las mutuas encargadas de conceder la prestación.
La propuesta de aumento de cuotas se enmarca en la reforma del RETA pactada en su día con el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España. El objetivo es que, de aquí a 2030, los autónomos coticen en función de sus ingresos reales, tal como establece la cuarta recomendación del Pacto de Toledo, con el fin de mejorar sus futuras pensiones.
La prestación por cese de actividad pasó a ser obligatoria en 2019, con el respaldo de la patronal ATA, aunque no estuvo exenta de críticas por parte de algunos autónomos debido al incremento de las cotizaciones. Seis años después, organizaciones como ATA, UPTA y UATAE denuncian su baja efectividad. Los últimos datos, correspondientes a octubre, muestran que el 49,8% de las solicitudes de cese de actividad son rechazadas.
De las 14.135 solicitudes registradas por el Ministerio de Seguridad Social en ese mes, se aprobaron 7.084, siendo los motivos económicos y de fuerza mayor los más habituales entre las concesiones, con 4.947 casos que acreditaron estas circunstancias.
Entre las principales razones de denegación figuran la falta de acreditación ante la Agencia Tributaria, motivo de rechazo en 4.989 solicitudes, y no haber completado el periodo mínimo de cotización, que exige al menos 12 meses previos, lo que afectó a 783 peticiones. Asimismo, 249 solicitudes fueron denegadas por no estar al corriente del pago de las cuotas.
Por último, las organizaciones de autónomos también reclaman al Gobierno la creación de un subsidio específico para los trabajadores por cuenta propia mayores de 52 años. Consideran que se trata de un colectivo especialmente vulnerable, ya que muchos agotan las prestaciones disponibles a lo largo de su vida laboral y, al alcanzar esa edad, quedan sin una red de protección adecuada, en un tramo de edad donde la reincorporación al mercado laboral resulta especialmente difícil.