(La Vanguardia, 06-10-2026) | Fiscal
La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, paralizará buena parte de las iniciativas legislativas que se encontraban en tramitación. Entre ellas figuran asuntos de especial relevancia para Catalunya, como la reforma del sistema de financiación autonómica o la condonación de una parte de la deuda de las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
La disolución de las Cortes implica que los proyectos de ley y las iniciativas parlamentarias que estén pendientes de aprobación decaen. Si el próximo Gobierno considera oportuno recuperarlos, deberán iniciar de nuevo todo el procedimiento legislativo en la siguiente legislatura. Esta situación afecta tanto a las propuestas promovidas por el Ejecutivo como a las impulsadas por los diferentes grupos parlamentarios.
Además de la reforma de la financiación autonómica y la quita de deuda del FLA, también quedan en suspenso otras iniciativas promovidas por el Gobierno que todavía no habían completado su recorrido parlamentario. Entre ellas se encuentran las medidas destinadas a restringir el acceso de los menores a las redes sociales, la regulación de la inteligencia artificial y la reforma del modelo de instrucción judicial, que contempla trasladar a los fiscales las competencias que actualmente ejercen los jueces.
La caída de la reforma de la financiación tiene una especial trascendencia para Catalunya, ya que el proyecto partía del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Esquerra Republicana. Aunque el Ejecutivo no tenía asegurados todos los apoyos necesarios para su aprobación, el Govern había situado este cambio como una de las principales prioridades para la segunda mitad de la legislatura catalana.
Junts había anunciado una enmienda a la totalidad con un texto alternativo que habría permitido mantener viva la iniciativa en el Congreso y abrir posteriormente una negociación política sobre las modificaciones legales necesarias. Con el adelanto electoral, esa posibilidad queda descartada y el debate deberá retomarse, en su caso, en la próxima legislatura.
El Govern había considerado el nuevo modelo de financiación como una de las principales asignaturas pendientes de su mandato. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, lo señaló recientemente junto a cuestiones como la vivienda, la seguridad y las energías renovables. También la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, había defendido la necesidad de que el nuevo sistema permitiera incrementar los recursos disponibles para Catalunya, que según las estimaciones manejadas habría recibido unos 4.700 millones de euros adicionales.
También queda en suspenso el acuerdo alcanzado por ERC con el PSOE y Sumar para introducir en la ley de condonación de la deuda del FLA una modificación que habría permitido a Catalunya asumir una mayor participación en la gestión del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
El adelanto electoral, sin embargo, no impedirá necesariamente que todas las iniciativas del Ejecutivo queden paralizadas. Los decretos sobre vivienda que fueron rechazados por el Congreso la semana pasada podrían volver a ser aprobados por el Consejo de Ministros. En ese caso, con las Cortes ya disueltas, correspondería a la Diputación Permanente decidir sobre su convalidación. En este órgano, los votos de Junts no serían imprescindibles si el PNV mantiene el apoyo que ya expresó en la votación anterior.
En materia económica, el adelanto electoral deja también varias leyes sin posibilidad de completar su tramitación parlamentaria. Entre las principales figura la de los Presupuestos Generales del Estado, que ni siquiera había sido presentada dentro del plazo previsto, antes del 30 de septiembre.
El Ministerio de Economía tampoco podrá culminar en esta legislatura varias normas en las que había trabajado, como la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero, la regulación de la información empresarial sobre sostenibilidad, la normativa sobre administradores de créditos y crédito al consumo, la reforma de la legislación de prevención del blanqueo de capitales y la actualización de los umbrales que determinan el tamaño de las empresas.
Algunas iniciativas, en cambio, podrían avanzar mediante reales decretos si el Gobierno consigue aprobarlas antes de que concluya el actual periodo legislativo o si pueden ser convalidadas por la Diputación Permanente. Entre ellas se encuentra la reforma del régimen de control de las inversiones extranjeras, que pretende reforzar el denominado escudo antiopas e incorporar los centros de datos entre los activos considerados estratégicos.
También existe margen para aprobar el decreto sobre centros de datos que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica, cuya tramitación se está acelerando con el objetivo de aprobarlo durante octubre y que está pendiente, entre otros trámites, de un informe de la CNMC. Una situación similar se plantea con el nuevo mecanismo de capacidad del sistema eléctrico, que puede aprobarse mediante real decreto por el Consejo de Ministros.
En cambio, no podrá continuar su tramitación parlamentaria el anteproyecto de ley sobre hidrógeno y gases renovables. Otras iniciativas vinculadas a la planificación energética podrían tener recorrido, al considerar el Gobierno que algunas de estas materias pueden ser abordadas por la Diputación Permanente. Los reales decretos sobre autoconsumo y comunidades energéticas también mantienen opciones de salir adelante.
El adelanto electoral afecta asimismo a varias normas impulsadas por el Ministerio de Transformación Digital. Entre las iniciativas que quedan pendientes figuran las leyes de inteligencia artificial, función pública y servicios digitales, además de la regulación relacionada con los medios de comunicación.
Por último, también queda paralizada la ley de industria y autonomía estratégica, una de las principales iniciativas pendientes del Ministerio de Industria. El proyecto pretendía reforzar la protección de las empresas y del empleo en sectores considerados estratégicos y expuestos a mayores riesgos. El departamento, no obstante, sí ha conseguido completar la ejecución de los Perte vinculados a los fondos europeos y poner en marcha las ayudas a la adquisición de vehículos del Plan Auto Plus.