(El Economista, 26-02-2026) | Fiscal
El nuevo modelo del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 2025, que comenzará a aplicarse el próximo 1 de julio, incorpora cambios relevantes. Entre ellos destacan la reducción de los tipos impositivos para pymes y microempresas, nuevos incentivos para fortalecer los fondos propios y aumentar el empleo, y la obligación -por primera vez- de identificar a todos los socios que forman parte de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE). Sobre estas entidades, la Inspección ha intensificado el control para evitar la generación de deducciones fiscales indebidas o infladas. El Ministerio de Hacienda ha sometido el modelo a información pública hasta el 17 de marzo.
Las empresas con ingresos inferiores a 10 millones de euros en 2025 podrán tributar al 24%, frente al 25% general aplicado el ejercicio anterior. Además, este tipo se reducirá progresivamente hasta 2029: será del 23% en 2026, del 22% en 2027, del 21% en 2028 y quedará fijado en el 20% a partir de 2029.
En el caso de las microempresas -aquellas con una facturación inferior al millón de euros- los primeros 50.000 euros de beneficio tributarán al 21% y el resto al 22%, frente al 23% anterior. También aquí se prevén rebajas graduales: en la declaración de 2026 (a presentar en 2027), el tipo será del 19% para los primeros 50.000 euros y del 21% para el exceso; desde 2027, se aplicará un 17% a ese primer tramo y un 20% al resto. Asimismo, se establece por primera vez un tipo mínimo del 15% para empresas con una facturación anual de hasta 20 millones de euros.
Otra novedad relevante es la mejora de los incentivos para las compañías que refuercen su capital, especialmente si además amplían plantilla. Las empresas que incrementen sus fondos propios podrán reducir su base imponible en un 20% del aumento, siempre que mantengan ese refuerzo durante tres años y doten una reserva equivalente. Esta reducción se elevará al 23% si el empleo crece entre un 2% y un 5%; al 26,5% si el aumento es de entre un 5% y un 10%; y al 30% si supera el 10%, con el compromiso de mantenerlo tres años. En cualquier caso, estas reducciones no podrán superar el 20% de la base imponible -ni el 15% en el caso de microempresas-.
Hacienda también obliga por primera vez a detallar en la declaración quiénes son los socios de las AIE, información que hasta ahora era opcional. Con ello, la Administración busca reforzar el control sobre la correcta aplicación de las deducciones fiscales por parte de los partícipes.
El nuevo modelo contempla además incentivos para amortizar libremente inversiones en instalaciones de autoconsumo eléctrico o térmico, así como la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Sin embargo, estas medidas dependen del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno a comienzos de febrero, cuya convalidación parlamentaria está en riesgo, ya que podría ser rechazado en el Congreso por la oposición.
Pese a ello, el Ejecutivo dispone de margen hasta julio para reactivar la medida. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, señaló recientemente en una jornada organizada por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección que, en caso de no convalidarse el decreto, podrían adoptarse "medidas interpretativas" para ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes.
Como precedente, recordó lo ocurrido en enero de 2025, cuando el Congreso rechazó un decreto que fijaba los límites de facturación para que los autónomos pudieran tributar por el sistema de estimación objetiva (módulos). En aquel caso, Hacienda mantuvo los umbrales vigentes al inicio del año, interpretando que seguían siendo aplicables durante todo el ejercicio.