(El Economista, 10-07-2025) | Laboral
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes cinco acuerdos para transferir un total de 6.836 millones de euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de pago a pesar de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. La Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones había solicitado esta cantidad para cubrir diversas prestaciones: los complementos para pensiones mínimas, ayudas familiares, pensiones no contributivas por jubilación e invalidez, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las aportaciones derivadas del Pacto de Toledo.
Según informó el Ministerio de Hacienda, una parte de esos fondos -1.327 millones de euros- se destinarán al complemento de las pensiones contributivas que no alcanzan el mínimo legal establecido. De acuerdo con el último balance del departamento que encabeza Elma Saiz, estaba previsto dedicar 7.250 millones de euros a este concepto en 2024, de los cuales ya se había ejecutado un 42,7% al cierre de mayo. Dentro de este colectivo es especialmente numerosa la presencia de exautónomos que cotizaron por bases mínimas durante gran parte de su vida laboral.
También se autorizó una transferencia de 1.300 millones de euros para cubrir el gasto del IMV, una prestación que ha vuelto a ser evaluada por la AIReF y que beneficia actualmente a más de 700.000 personas. En lo que va de año, ya se ha consumido el 62% del presupuesto inicial de 2.797 millones de euros asignado a esta ayuda para 2023.
Adicionalmente, el Ministerio solicitó fondos extra para financiar las ayudas a familias con hijos menores de edad con discapacidad, nacimientos en hogares monoparentales, numerosos o con progenitores con discapacidad, así como por partos o adopciones múltiples. Para ello, el Ejecutivo amplió en 427,5 millones de euros el presupuesto original de 1.326 millones que se estableció en 2022 para cubrir este tipo de prestaciones.
En la misma sesión, el Gobierno aprobó otra ampliación por valor de 769,5 millones de euros destinada al pago de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. Ambas partidas contaban con presupuestos superiores a los 1.000 millones, aunque sufrieron recortes para atender gastos imprevistos, como los generados por la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre del año pasado.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda anunció una última ampliación cercana a los 3.000 millones de euros para cumplir los compromisos derivados del Pacto de Toledo. En virtud de este acuerdo parlamentario, las pensiones no contributivas deben ser financiadas íntegramente a través de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que las cotizaciones sociales deben cubrir exclusivamente las pensiones contributivas.