(Expansión, 03-04-2024) | Fiscal
Durante su tiempo en el cargo, Pedro Sánchez ha implementado aproximadamente 69 aumentos fiscales, según un informe del Instituto Juan de Mariana. Incluso antes de asumir el poder, Pedro Sánchez ya abogaba por la necesidad de avanzar hacia una convergencia fiscal con Europa; esto implica aumentar los impuestos para incrementar la proporción de los ingresos públicos en relación al Producto Interno Bruto (PIB) y así cerrar la brecha teórica de varios puntos respecto al promedio de la Unión Europea. Este objetivo ha sido perseguido con determinación desde que Sánchez asumió el cargo.
De hecho, la carga fiscal ha aumentado del 32% al 38% del PIB entre 1995 y 2022, y "el 60% de este incremento ha ocurrido bajo el gobierno de Pedro Sánchez", según el Impuestómetro 2024 elaborado por el Instituto Juan de Mariana. Este informe analiza la evolución de la carga fiscal que enfrentan los contribuyentes españoles y destaca que, entre los aumentos de impuestos ya aprobados y los previstos, el gobierno de Sánchez habrá implementado no menos de 69 aumentos tributarios entre 2018 y 2024, es decir, un aumento fiscal por mes en promedio.
Además, se espera aumentar la recaudación en otros 7.000 millones de euros el próximo año, lo que representará una carga adicional de 371 euros por hogar, según el informe que se publica hoy, coincidiendo con el inicio de la Campaña de la Renta 2023.
El significativo aumento de la presión fiscal durante la era de Sánchez ha convertido a España en el país europeo con el mayor aumento de la presión fiscal en los últimos años: un aumento de 2,9 puntos porcentuales entre 2019 y 2022, en comparación con el aumento insignificante del 0,1% en promedio de la UE. Esto significa que ha seguido una dirección opuesta a la de la mayoría de sus socios comunitarios en un contexto marcado por las secuelas de la pandemia y la incertidumbre económica y geopolítica derivada de la invasión rusa de Ucrania. A pesar de esta mayor presión tributaria, el peso de los ingresos públicos sobre el PIB sigue siendo teóricamente inferior al promedio de la UE (38% frente al 40,9% de los 27 países).
Sin embargo, es importante distinguir entre la presión fiscal (la proporción de los ingresos públicos en relación al PIB) y el esfuerzo tributario realizado por los españoles; es decir, la presión fiscal ajustada por renta per cápita. Aunque el PIB per cápita en España se ha recuperado en los últimos años tras la crisis del Covid-19 en 2020, en 2023 aún estaba un 14% por debajo del promedio de la zona euro en paridad de poder adquisitivo, y un 11% inferior al promedio de la UE, según los datos más recientes de Eurostat.
Por lo tanto, España, "dado su nivel de renta per cápita, tiene una presión fiscal más alta de lo que le correspondería", según el informe del Instituto Juan de Mariana. Por ejemplo, aunque la presión fiscal en Alemania es un 10% superior a la española, "la renta de los alemanes es un 45% más alta" (aproximadamente 11.100 euros más por habitante).
El informe estima que, para tener una presión fiscal más equilibrada con los niveles de renta de su población, España debería tener una presión fiscal del 36,9% del PIB, claramente por debajo del 38,6% que el gobierno de Pedro Sánchez espera alcanzar en 2024. Este ajuste hipotético a la baja de la presión fiscal resultaría en un ahorro de 15.000 millones de euros, aproximadamente 815 euros menos en impuestos por hogar.
Por otro lado, converger con Europa significaría un golpe fiscal de 39.000 millones de euros o, si se prefiere, 2.082 euros más en impuestos por cada familia. Según el análisis, dos de cada tres euros del aumento impositivo durante los gobiernos de Sánchez recaen en las familias. Esta mayor carga fiscal se ha producido principalmente mediante el aumento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (ocho aumentos desde 2018) y las cotizaciones sociales, que han aumentado en 1,3 y 0,5 puntos del PIB respectivamente durante el mandato socialista, con un aumento en la recaudación equivalente a 3.890 euros por hogar.
Una parte significativa de esta cifra corresponde a la decisión del gobierno de no ajustar la tarifa del IRPF durante la crisis inflacionaria, lo que ha supuesto "un esfuerzo fiscal adicional de 1.315 euros en 2022 y 2023" para los españoles.
Además de los ocho aumentos del Impuesto sobre la Renta o el aumento de las cotizaciones sociales, la batería de aumentos fiscales durante el mandato de Sánchez también incluye cuatro aumentos del Impuesto de Sociedades; el aumento del Impuesto sobre el Patrimonio debido a la nueva configuración nacional del tributo; o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones debido a la alteración de la regulación fiscal que definía la tributación de los acuerdos sucesorios, así como una decena de aumentos impositivos mediante la creación de nuevos gravámenes como las tasas Tobin o Google, o los tributos que gravan los beneficios adicionales de bancos y empresas energéticas.