(El Economista, 13-02-2024) | Laboral
La Ley de Empleo, liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al final de la pasada Legislatura, prometía una transformación significativa en la forma de abordar la búsqueda de empleo, mediante un "acompañamiento y atención personalizada" a través del impulso decidido de los orientadores laborales, una suerte de guías encargados de acompañar a los desempleados en este proceso. Sin embargo, un año después, esta innovación aún no ha despegado debido a las deficientes condiciones laborales de estos profesionales: un sector fragmentado y poco reconocido, cuyo desarrollo se ve limitado por una financiación a través de subvenciones que perpetúa la precariedad en la que se encuentran atrapados.
La normativa contemplaba la integración de 7.000 orientadores en los servicios públicos de empleo, pero el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a fortalecer el papel de todos los demás orientadores, incluidos aquellos que trabajan para empresas privadas, entidades del tercer sector y como autónomos independientes, en un amplio proyecto de colaboración público-privada. El objetivo es que no solo asistan a los desempleados, sino también a los servicios públicos de empleo para encontrar ofertas disponibles y mejorar sus deficientes índices de intermediación.
Hasta ahora, el único avance ha sido el impulso a la Red Centros de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo (Red COE), que cuenta con 20 establecimientos distribuidos por toda España, aunque algunas comunidades, como el País Vasco, han tomado la iniciativa con proyectos similares dentro de sus competencias. Sin embargo, tanto el Estado central como las autonomías se enfrentan a los problemas crónicos de un colectivo cuyas cifras son alarmantes y amenazan con hacer ineficaces cualquier intento de reforma.
Según un estudio de la Fundación Ergon, el número de profesionales podría superar los 30.000, aunque esta cifra es incierta debido a la falta de un censo "profesional". "La ausencia de un registro centralizado y su dispersión territorial y sectorial hacen que determinar su cantidad sea actualmente una tarea casi imposible", destaca el análisis. Esto también se traduce en un alto grado de intrusismo, exacerbando el desajuste en la cualificación que agrava la desconexión entre su labor y las necesidades reales del mercado laboral.
El 82% de los orientadores poseen una titulación universitaria, pero su formación tiende a ser humanística (especialmente en áreas como magisterio y psicología), competencias que en principio están más alejadas del conocimiento directo de las "realidades económicas y del funcionamiento del mercado laboral", precisamente cuando esta "desconexión" es uno de los aspectos en los que Bruselas más ha centrado su atención en sus evaluaciones sobre las políticas de empleo.
Además, se trata de un colectivo mayoritariamente compuesto por profesionales mayores de 50 años, en su mayoría mujeres, de las cuales solo un tercio trabaja directamente para el sector público. Esta "externalización" no sería necesariamente negativa si no fuera por cómo se lleva a cabo. A diferencia de la sanidad o la educación, donde se implementa a través de un sistema de concierto, en la orientación se sigue un modelo de "subvención", especialmente dirigido a ONG y entidades del tercer sector. Según Ergon, esta situación es responsable de "una cierta inmadurez del sector social", compuesto por numerosas entidades que podrían ser consideradas claramente como pymes.
Este modelo no solo implica que estas organizaciones carecen de recursos para su "consolidación" y crecimiento, sino que también consolida un "elevado porcentaje de precariedad en las condiciones laborales" de los orientadores. Un 15,8% trabaja como autónomo, en una situación de alta inestabilidad (sin mencionar posibles casos de fraude laboral), mientras que otro 29,4% son empleados con contratos temporales.