(El País, 11-03-2026) | Laboral
Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han endurecido su postura frente al Gobierno y han anunciado que no asistirán a la reunión convocada para este jueves por el Ministerio de Trabajo. En ese encuentro estaba previsto debatir el proyecto que el Ejecutivo define como una iniciativa para la "democratización de las empresas", con el que la ministra Yolanda Díaz pretende regular la presencia de representantes sindicales en los consejos de administración de las compañías.
Con esta decisión, las patronales elevan el tono de su confrontación con el Ejecutivo. En anteriores ocasiones ya habían mostrado desacuerdo con medidas como el salario mínimo u otras reformas recientes, bien negándose a firmar acuerdos o abandonando las negociaciones una vez iniciadas, como ocurrió con el debate sobre la indemnización por despido. En esta ocasión, sin embargo, han optado directamente por no acudir ni siquiera al primer encuentro.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones explican que su Comité Ejecutivo, reunido de forma extraordinaria, considera que la propuesta del Ministerio de Trabajo representa una nueva forma de intervención en la actividad empresarial y supone, a su juicio, una vulneración del derecho a la propiedad privada.
El departamento de Trabajo presentó el pasado 2 de febrero un informe elaborado por un grupo de expertos que servirá como base para una futura reforma legislativa, aunque su aprobación en el Congreso se prevé complicada. Entre las propuestas recogidas en el documento figura la implantación de un sistema de cogestión empresarial que reserve parte de los puestos del consejo de administración a los trabajadores: un tercio en empresas con entre 50 y 1.000 empleados y hasta la mitad en compañías de mayor tamaño. Además, el informe plantea que el Gobierno impulse medidas para facilitar que los trabajadores puedan acceder a la propiedad de las empresas, con la posibilidad de que dispongan de al menos un 2 % de las acciones en compañías a partir de 25 empleados.
Las patronales critican que, en un contexto internacional marcado por tensiones como el conflicto en Oriente Próximo, el Ministerio de Trabajo promueva una iniciativa que consideran perjudicial para el clima empresarial. Según señalan las organizaciones presididas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel, este tipo de propuestas puede aumentar la desconfianza de los inversores y frenar la llegada de inversiones al país.
Asimismo, consideran que hablar de una supuesta falta de democracia en las empresas supone cuestionar el papel de la negociación colectiva, que califican como uno de los mecanismos más representativos del diálogo social y que, recuerdan, está reconocido como tal en la Constitución española.
Las organizaciones empresariales también sostienen que el planteamiento del Ministerio podría entrar en conflicto con el artículo 38 de la Constitución, que garantiza la libertad de empresa, y subrayan que el Estatuto de los Trabajadores reconoce a las empresas la capacidad de organización y dirección, algo que, según su interpretación, se vería comprometido. Por todo ello, las patronales han decidido no participar en la mesa de negociación sobre esta iniciativa y reiteran su apuesta por la negociación colectiva como vía principal para alcanzar acuerdos y por la defensa de los principios recogidos en la Constitución.