(Expansión, 10-10-2025) | Laboral
El Ministerio de Trabajo ha convocado a las organizaciones empresariales y a los sindicatos con el objetivo de diseñar un mecanismo que desincentive a las empresas de recurrir a despidos improcedentes y que, al mismo tiempo, garantice una compensación adecuada para los trabajadores afectados.
El 20 de octubre será la fecha clave para el inicio de las negociaciones entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos sobre la reforma del despido, según confirmó ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz. La iniciativa se percibe como un posible nuevo foco de tensión con las empresas, que consideran que se trata de un intento de impulsar "una nueva reforma laboral". No obstante, Díaz insiste en que la mesa de diálogo no busca incrementar las indemnizaciones por despido dentro del actual sistema tasado, sino incorporar aspectos cualitativos que mejoren la protección al trabajador.
"Será la primera reforma del despido que cumpla con la legalidad europea y que no suponga una pérdida de derechos para los trabajadores españoles", afirmó la vicepresidenta durante un desayuno informativo en el que anunció el inicio formal de las conversaciones.
El objetivo del Gobierno es adaptar la normativa española a la Carta Social Europea, que establece que el despido debe tener un efecto disuasorio para la empresa y, además, compensar el daño ocasionado al trabajador. Para ello, el Ejecutivo se apoya en varios dictámenes del Comité Europeo de Derechos Sociales, que respaldaron las denuncias de UGT y CCOO, al considerar que la legislación española actual no cumple con dichos principios.
Estos informes concluyen que las indemnizaciones previstas en la ley para los despidos improcedentes son insuficientes y no cumplen una función disuasoria; incluso pueden incentivar los ajustes de plantilla por resultar más rentables para las empresas. Por este motivo, instan a España a garantizar una compensación "adecuada" conforme al artículo 24 de la Carta Social Europea.
El impulso de esta reforma se produce tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ha rechazado la posibilidad de conceder indemnizaciones adicionales a las fijadas por ley (33 días por año trabajado). Los sindicatos ya han anunciado que recurrirán este fallo ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado tanto la decisión de abrir este debate como el anuncio de nuevas medidas laborales realizadas de forma unilateral por Yolanda Díaz, como la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar o la creación de uno específico para cuidados paliativos, a las que calificó de "ocurrencias". Garamendi celebró la sentencia del Supremo, destacando que el sistema actual -33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades- proporciona seguridad jurídica tanto a empleadores como a empleados.
Desde la patronal, se interpreta este movimiento como parte de una estrategia electoralista del Gobierno. "Se trata de una nueva reforma laboral", advirtió Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, recordando que en la reforma laboral de 2021, pactada con los agentes sociales, se decidió no modificar el marco de los despidos. Amor subrayó que la preocupación de los empresarios no está en el despido, sino en la falta de mano de obra, mientras que los trabajadores afrontan una situación con casi tres millones de demandantes de empleo.
En la misma línea, desde Cepyme se ha advertido de que este no es el momento de introducir más rigidez en el mercado laboral, sobre todo ante la previsión de desaceleración económica. Su presidenta, Ángela de Miguel, señaló que imponer limitaciones puede obligar a muchas empresas a realizar ajustes de plantilla para sobrevivir: "Cuando se introducen rigideces, las empresas se rompen; en cambio, con flexibilidad pueden adaptarse mejor a las circunstancias adversas".