(El Economista, 17-06-2026) | Laboral
La CEOE ha intensificado la búsqueda de medidas para contener el aumento de las bajas por incapacidad temporal, que suponen un impacto económico superior a los 17.000 millones de euros para las empresas. Ante la falta de avances concretos en la mesa de negociación con la Seguridad Social, las organizaciones empresariales están explorando distintas herramientas previstas en la normativa laboral, entre ellas la posibilidad de realizar reconocimientos médicos a trabajadores en situación de baja para verificar su incapacidad para desempeñar su puesto.
Durante una jornada celebrada este martes centrada en el absentismo laboral -término con el que la patronal engloba el incremento de las bajas por contingencias comunes-, varios representantes empresariales defendieron un mayor uso de los mecanismos de control ya recogidos en la legislación vigente. El presidente de la patronal de la construcción CNC, Pedro Fernández Alén, subrayó que el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores ampara a las empresas para verificar el estado de salud de sus empleados cuando alegan una incapacidad para acudir al trabajo.
Este precepto permite que las compañías puedan someter a los trabajadores a reconocimientos médicos para comprobar su situación, y establece además que la negativa a someterse a dichos controles puede conllevar la suspensión de los complementos salariales asociados a la baja, habituales en muchos convenios colectivos. Según Fernández Alén, el contexto actual exige "perder complejos" y utilizar todas las herramientas disponibles para mejorar la productividad.
El Tribunal Supremo ya se pronunció en 2021 sobre esta cuestión, avalando la posibilidad de que las empresas realicen estos controles, siempre que el resultado se limite a indicar si el trabajador está o no en condiciones de desempeñar su actividad, sin detallar diagnósticos ni información médica sensible, con el fin de preservar la intimidad y la dignidad del empleado. Esta vía se contempla como un posible instrumento para detectar posibles casos de fraude en las bajas laborales.
En la misma línea, el presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Manuel Piquer, defendió el uso de este mecanismo como una herramienta clave para el control del absentismo, señalando que aunque no es una práctica generalizada, ya hay grandes empresas que recurren a servicios médicos externos para realizar este tipo de evaluaciones. A su juicio, en determinados supuestos incluso podría justificarse la eliminación de los complementos salariales asociados a la incapacidad temporal.
Desde la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), su portavoz, Laly Escudero, insistió en la necesidad de mejorar la información disponible sobre las causas de las bajas laborales. En las negociaciones con el Gobierno se ha planteado que los partes médicos especifiquen las limitaciones funcionales del trabajador, especialmente en los casos en los que una misma persona desempeña más de un empleo, de forma que la incapacidad no se extienda automáticamente a todas sus actividades laborales.
Escudero añadió que también se está abordando la reducción de los complementos por incapacidad temporal en el marco de la negociación colectiva, ya que muchos convenios, firmados hace décadas, establecen el abono del 100% del salario desde el primer día de baja hasta el decimoquinto. En esta línea, el presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, apuntó que en distintos convenios provinciales ya se han introducido ajustes para reducir estos pagos en los primeros días de ausencia o en casos de reincidencia.
En conjunto, las organizaciones empresariales coinciden en que el incremento de las bajas laborales requiere una revisión del marco actual, tanto en lo relativo al control médico como a la estructura de los complementos salariales, con el objetivo de contener el impacto económico sobre las empresas y mejorar la eficiencia del sistema.