(El País, 10-07-2025) | Laboral
Trabajadores inmigrantes y personas mayores son los dos colectivos clave que España debe activar con urgencia si quiere que su mercado laboral continúe siendo un motor de crecimiento del PIB en los próximos años. Así lo advierte el informe OECD Employment Outlook 2025, elaborado por la OCDE, que pone el foco en las implicaciones económicas del envejecimiento de la población, un fenómeno que afecta a muchos países desarrollados. En el caso español, reincorporar al mercado a los trabajadores de mayor edad actualmente desempleados, junto con la limitación de las jubilaciones anticipadas, podría aportar un incremento de hasta 0,26 puntos porcentuales del PIB, compensando así la pérdida de fuerza laboral proyectada.
España, junto con Italia y Portugal, se encuentra entre los países más expuestos al envejecimiento demográfico -su esperanza de vida ronda los 84 años-, lo que provocará un importante vacío en el mercado de trabajo. Para mitigar este impacto, la OCDE considera fundamental aprovechar al máximo el potencial laboral no utilizado, lo que pasa por reincorporar a personas mayores desempleadas -unas 250.000 con edades entre 60 y 70 años, según la última EPA- y potenciar la integración del talento extranjero.
A nivel macroeconómico, el informe confirma que el envejecimiento conllevará un aumento sostenido del gasto público en pensiones y sanidad, especialmente en países como España, donde la tasa de dependencia continúa creciendo. Se estima que este incremento suponga un 0,09% adicional del PIB cada año hasta 2060, lo que se traduciría en un aumento total de alrededor de tres puntos porcentuales.
En materia fiscal, la OCDE advierte que España, pese a su margen de maniobra limitado, debe evitar trasladar el coste del envejecimiento a las generaciones más jóvenes. Para ello, recomienda aplicar reformas estructurales profundas que reequilibren el sistema mediante una financiación más progresiva basada en impuestos, reduciendo la dependencia de las cotizaciones laborales.
Aunque el informe no entra en detalle por país respecto a la inmigración, sí incluye a España entre las economías donde el mayor aprovechamiento de los trabajadores extranjeros no solo podría ayudar a cubrir vacantes en sectores como los cuidados, la hostelería o la construcción, sino también aliviar la presión demográfica. En ese sentido, la OCDE propone diseñar políticas que agilicen el reconocimiento de cualificaciones extranjeras -actualmente bloqueado por complejos trámites burocráticos- y promuevan una integración laboral real.
El estudio destaca que en solo cuatro países de la UE, entre ellos España, el empleo ha crecido en los últimos años gracias al aporte de trabajadores inmigrantes. De hecho, más del 25% del aumento del empleo entre 2023 y 2025 provino de esta fuerza laboral.
No obstante, el informe también lanza varias advertencias. Una de ellas es la fuerte segmentación del mercado laboral español, que presenta las mayores tasas de temporalidad entre los jóvenes y trabajadores menos cualificados. Aunque reconoce avances recientes gracias a las reformas laborales -como la limitación del uso de contratos temporales-, la OCDE señala que aún persisten obstáculos que impiden consolidar empleos estables y de calidad, lo que afecta negativamente a la productividad.
Pese a la recuperación del empleo, otro fenómeno que llama la atención es la caída del número de horas trabajadas desde 2019, especialmente tras la pandemia. España, junto con Austria, Alemania e Irlanda, encabeza la lista de países con mayor reducción del tiempo laboral desde la crisis sanitaria.
Finalmente, el informe advierte sobre la persistencia de desigualdades de género en el mercado laboral español. Aunque se han hecho avances en medidas de conciliación, las diferencias en participación laboral y salario entre hombres y mujeres -particularmente entre quienes tienen responsabilidades familiares- siguen siendo significativas. La OCDE propone intensificar políticas como el acceso universal y asequible a servicios de cuidado infantil, fomentar modalidades de trabajo flexibles y promover una mayor transparencia salarial mediante informes regulares y mecanismos de supervisión más estrictos.