(El Economista, 08-06-2026) | Fiscal
La ley destinada a mejorar las pensiones de los mutualistas profesionales -entre ellos abogados, procuradores, médicos o arquitectos- afronta su última fase en el Congreso con la votación prevista en el Pleno del 11 de junio. El dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el 26 de mayo incorporó cambios relevantes introducidos a última hora.
En el ámbito fiscal, los mutualistas que se acojan a la llamada "pasarela" para incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) no tendrán que tributar en el IRPF por los fondos acumulados en sus mutualidades que se transfieran al sistema público. Estos fondos incluyen tanto las aportaciones realizadas durante años como la rentabilidad generada. Sin esta exención, dicha retirada habría estado sujeta a tributación como rendimiento.
El texto añade que esta transferencia de derechos económicos no tendrá efectos fiscales en el IRPF, aunque las pensiones resultantes sí tributarán en el impuesto como cualquier otra prestación de jubilación. Otra novedad relevante es el mantenimiento del sistema alternativo de las mutualidades. Las versiones anteriores del proyecto preveían que los nuevos colegiados debieran incorporarse obligatoriamente al RETA a partir de 2028. Finalmente, se permitirá seguir eligiendo entre mutualidad o Seguridad Social, aunque el Gobierno elaborará un informe antes de finales de 2030 para evaluar la continuidad de este modelo.
La norma establece que podrán acceder a la pasarela todos aquellos profesionales que no estén jubilados y que no hayan generado aún derecho a pensión en la Seguridad Social, es decir, quienes no hayan alcanzado los 15 años mínimos de cotización. Quienes ya dispongan de ese derecho podrán completar su carrera para acceder a la pensión contributiva correspondiente.
En cuanto al traspaso de fondos, el texto no concreta el procedimiento de salida del capital acumulado, que queda pendiente de desarrollo reglamentario. Las mutualidades defienden una transferencia progresiva vinculada al momento de jubilación para no comprometer sus inversiones a largo plazo, pero este aspecto deberá definirse más adelante mediante normativa específica.
También se deja para un reglamento posterior la conversión de los fondos acumulados en años cotizados en el sistema público. La ley establece que se tomará como referencia la base mínima del RETA correspondiente, actualizada según se determine, y se aplicará un coeficiente reductor del 0,77 para el cómputo de años. El texto incluye además medidas específicas para los profesionales que tengan 52 años cumplidos a 31 de diciembre de 2026. En su caso, los meses cotizados en mutualidades se computarán como si hubieran estado de alta en el RETA a efectos de alcanzar el 100% de la pensión.
Para los mutualistas que abandonaron el sistema antes de 2005 y no alcanzan los 15 años de cotización en la Seguridad Social, se habilita la posibilidad de suscribir un convenio especial que permitirá reconocer hasta cinco años de aportaciones previas en la mutualidad. En relación con las aportaciones futuras, la norma obliga a que las mutualidades garanticen prestaciones equivalentes al 100% de la pensión mínima que correspondería en el sistema público. Este objetivo se vincula a un calendario progresivo de aportaciones que alcanzará el 100% en 2028.
El texto también introduce cambios en la regulación de las prestaciones sociales de las mutualidades, que deberán priorizar a colectivos vulnerables como jubilados, personas dependientes o con discapacidad, viudedad u orfandad, siempre bajo supervisión de la Dirección General de Seguros o de los organismos autonómicos competentes.
La reforma surge ante las bajas pensiones que perciben muchos de estos profesionales tras décadas cotizando en sistemas alternativos, en algunos casos con aportaciones inferiores a las del régimen público. Sin esta reforma, se estima que una parte significativa de los abogados mutualistas habría accedido a pensiones inferiores a 700 euros mensuales. Según las previsiones del sector, la norma no sufrirá cambios sustanciales en su paso por el Congreso y podría quedar definitivamente aprobada tras su tramitación en el Senado durante el verano.