(El País, 19-01-2026) | Fiscal
La propuesta de revisión del sistema de financiación autonómica no incorpora el denominado cupo catalán que reclamaban inicialmente los partidos independentistas, pero sí contiene varios elementos favorables a Cataluña, que concentraría cerca de la mitad de los nuevos recursos previstos en el modelo presentado la semana pasada por el Ministerio de Hacienda. En concreto, la comunidad recibiría 216 millones de euros de los 1.000 millones asignados al nuevo fondo climático y alrededor del 70% de los 2.000 millones previstos en el mecanismo del IVA-pymes, que permitirá a las autonomías retener una parte del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas en su territorio. Sumando ambos instrumentos, Cataluña captaría aproximadamente el 55% del total, según estimaciones del economista Ángel de la Fuente, director de Fedea, ya que Hacienda no ha difundido cifras oficiales detalladas.
No obstante, los importes procedentes de estos nuevos mecanismos representan solo una pequeña parte del volumen adicional de recursos que la reforma del sistema contempla para las comunidades autónomas. El modelo presentado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, plantea una inyección global de 21.000 millones de euros al sistema común. De esa cantidad, unos 16.000 millones se obtendrían aumentando el porcentaje de impuestos cedidos por las comunidades -especialmente IRPF e IVA-, mientras que el resto procedería de una mayor aportación de la Administración General del Estado.
Para comprender el alcance de la reforma, fruto de cerca de un año y medio de negociaciones con ERC, es necesario recordar el funcionamiento actual del sistema. La financiación autonómica se articula a través de una caja común alimentada tanto por el Estado como por las propias comunidades, que aportan el 75% de su recaudación normativa, calculada sin tener en cuenta decisiones fiscales propias. Actualmente, las autonomías tienen cedido el 50% del IRPF y del IVA, así como el 58% de los impuestos especiales, además de otros tributos como transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones o los impuestos sobre el juego.
El nuevo esquema propone elevar la cesión del IRPF hasta el 55% y la del IVA hasta el 56,5%, e incorporar a la caja común figuras como el impuesto sobre el patrimonio, el gravamen sobre los depósitos bancarios o la tasa sobre residuos en vertederos. Con ello, aumentaría la capacidad fiscal de los territorios y se generarían más recursos para repartir, que posteriormente se asignarían en función de la población ajustada -un indicador que pondera a los habitantes según variables demográficas y territoriales-, criterio central del sistema actual y que sería objeto de algunos ajustes. El objetivo es garantizar que todas las comunidades, con independencia de su fortaleza económica, puedan prestar servicios públicos esenciales en condiciones similares, como sanidad, educación y servicios sociales.
La reforma dejaría fuera los fondos de cierre del sistema vigente, que introducían correcciones posteriores al reparto inicial y que, según el consenso académico, distorsionaban el modelo. Sin embargo, incorpora nuevos ajustes, como el fondo climático y el mecanismo del IVA-pymes, que, en opinión de De la Fuente, "vuelven a introducir elementos de arbitrariedad que se pretendía eliminar". Y precisamente estos instrumentos adicionales son los que, según sus cálculos, beneficiarían de forma destacada a Cataluña.
El fondo climático contará con unos 1.000 millones de euros, de los cuales dos tercios se destinarán a comunidades mediterráneas y se distribuirán según la población ajustada, al considerarse más expuestas a fenómenos ambientales extremos, según explicó Montero. Este criterio ha generado malestar en regiones del norte y del interior peninsular, afectadas en los últimos años por graves incendios.
Según los cálculos de Fedea, Cataluña sería la segunda comunidad más favorecida por este fondo, con 216 millones de euros, solo por detrás de Andalucía, que recibiría 234 millones. La Comunidad Valenciana obtendría 141 millones, Madrid 105 millones, y el resto de autonomías no alcanzaría los 100 millones cada una.
La diferencia es aún mayor en el mecanismo del IVA-pymes. Cataluña percibiría unos 1.441 millones de los 2.000 millones totales estimados por Hacienda. Este instrumento, de adhesión voluntaria, permite a las comunidades retener una parte del IVA generado por las pymes en su territorio, en lugar de recibir una transferencia basada en el índice de consumo, que es el criterio actualmente utilizado para repartir la recaudación del impuesto.
Hacienda prevé que solo algunas comunidades opten por este mecanismo, ya que en muchas el peso del IVA generado por las pymes es inferior al que les correspondería por consumo. Cataluña concentraría cerca de tres cuartas partes del total debido al elevado número de pequeñas y medianas empresas de su tejido productivo. De acogerse al sistema, la Comunidad Valenciana recibiría 232 millones, Madrid 191 millones, Baleares 55 millones y Aragón 46 millones.
Pese a calificar estos nuevos instrumentos de "arbitrarios", De la Fuente reconoce que "el núcleo central" de la propuesta resulta "bastante razonable", ya que reduce distorsiones y estrecha las diferencias de financiación por habitante. No obstante, la falta de información desagregada por parte de Hacienda ha alimentado las críticas del resto de comunidades -en su mayoría gobernadas por el PP-, que acusan al Ejecutivo de haber diseñado un modelo a medida para Cataluña.