(El Mundo, 18-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo
Los líderes empresariales españoles vislumbran un panorama económico lleno de luces y sombras en el corto y mediano plazo, caracterizado por el enfriamiento de la actividad económica, la persistente amenaza de la inflación que ha erosionado los márgenes de la mayoría de las empresas, el endurecimiento de la política monetaria con su consiguiente impacto en la financiación y el consumo, y la incertidumbre geopolítica a nivel internacional.
Sin embargo, también se enfrentan a desafíos internos como la inestabilidad política, los constantes cambios regulatorios y, sobre todo, la creciente inseguridad jurídica, aspecto que genera una preocupación cada vez mayor en el entorno empresarial. Esto se refleja en la encuesta Perspectivas España 2024, realizada por KPMG en colaboración con CEOE, en la que más de 1.360 empresarios y directivos de diversos sectores de actividad han expresado sus opiniones.
Aunque España experimentará un crecimiento por encima del promedio de otros países europeos este año, el 57% de los encuestados califica la situación económica actual como "regular" y el 45% prevé un empeoramiento en los próximos doce meses. Dentro de este escenario, los líderes empresariales identifican tres grandes amenazas para la economía española en el próximo año: la inseguridad jurídica (48%), la incertidumbre política (44%) y los cambios regulatorios (30%).
El informe destaca la creciente preocupación de las empresas y sus directivos por el impacto que la inestabilidad política pueda tener en sus negocios. Ante un contexto económico y geopolítico incierto, demandan estabilidad, especialmente en el ámbito normativo. Este sentimiento se refleja en la caída de la inversión extranjera en España y la necesidad de un clima de confianza, moderación y entendimiento para impulsar la actividad empresarial y económica.
La inseguridad jurídica y regulatoria se ha traducido en la aprobación de numerosas leyes en la anterior legislatura, lo que ha afectado directamente a las empresas en aspectos laborales y fiscales. Aunque se espera una desaceleración en el ritmo normativo en la presente legislatura, los líderes empresariales solicitan eficiencia en el gasto público, reducción de la presión fiscal, menos burocracia y medidas para mitigar el impacto de la inflación en la economía.
En cuanto a las prioridades fiscales del Gobierno, se destacan la adopción de incentivos para la inversión y la mejora de la competitividad, la garantía de seguridad jurídica y la simplificación y coordinación de la fiscalidad estatal, autonómica y local. A pesar de los desafíos, los empresarios han aprendido a aprovechar las oportunidades para impulsar sus negocios, lo que les permite mantener un cierto grado de optimismo respecto a la facturación, inversiones y creación de empleo.