(El Economista, 08-05-2026) | Laboral
La proposición de ley que se encuentra en tramitación en el Congreso para mejorar la situación de los profesionales que cotizaron a través de mutualidades -como abogados, procuradores, médicos o arquitectos- deja fuera a quienes ya están jubilados y perciben pensiones reducidas.
Tras las últimas modificaciones incorporadas al texto, la reforma sigue sin satisfacer plenamente a los distintos colectivos afectados. La iniciativa contempla la creación de una pasarela extraordinaria y voluntaria que permitirá a estos profesionales integrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social trasladando los derechos acumulados en sus mutualidades. Sin embargo, los jubilados no podrán beneficiarse de una mejora de sus prestaciones, una de las principales reclamaciones de las asociaciones que representan a abogados y procuradores mutualistas.
La propuesta tampoco recoge otra de las demandas históricas de los afectados: que cada año cotizado en las mutualidades sea reconocido automáticamente como un año de cotización en el RETA. Por ahora, el sistema previsto permitirá trasladar a la Seguridad Social el capital acumulado y calcular a cuántos años de cotización equivaldría esa cantidad tomando como referencia la base mínima del RETA. Aun así, se aplicará un coeficiente reductor del 0,77%, pensado para facilitar que los mutualistas puedan sumar más años dentro del sistema público. Los colectivos afectados reclaman que ese coeficiente se rebaje, al menos, hasta el 0,67%, con el objetivo de poder reconocer un mayor número de años cotizados en la Seguridad Social.
El informe de la ponencia será debatido el próximo 20 de mayo en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los afectados confían en introducir mejoras antes de que el texto llegue al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.
El origen del problema radica en que muchos profesionales realizaron durante años aportaciones muy reducidas a sus mutualidades, incluso inferiores a las cuotas mínimas que pagan los autónomos al sistema público. Como consecuencia, numerosos jubilados perciben actualmente pensiones inferiores a 700 euros mensuales y, en algunos casos, incluso por debajo de 500 euros. Aunque el traslado al RETA supondrá una mejora de las prestaciones para muchos mutualistas, la ley no garantiza expresamente que estas alcancen la pensión mínima fijada por la Seguridad Social.
El nuevo redactado sí introduce algunas novedades relevantes. Entre ellas, elimina el requisito de estar dado de alta en la mutualidad en diciembre de 2022 para poder acogerse a la pasarela al RETA, ampliando así el número de beneficiarios potenciales. También permitirá acceder al sistema público a quienes perciban una pensión de viudedad.
Además, la reforma endurece progresivamente el funcionamiento de las mutualidades. Una vez entre en vigor, los mutualistas deberán aumentar sus aportaciones hasta equipararlas a las cuotas mínimas del RETA. En concreto, abonarán el 86% de esa cuantía en 2026, el 93% en 2027 y el 100% a partir de 2028. La norma también obligará a las mutualidades a garantizar prestaciones que no sean inferiores al 100% de la pensión mínima de la Seguridad Social, así como a revalorizarlas al mismo ritmo que el sistema público. Por último, la ley prevé eliminar este modelo alternativo de cotización para los nuevos profesionales, que deberán incorporarse directamente al RETA desde el 1 de enero de 2028.