(El Confidencial, 08-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La disputa llevaba años desarrollándose fuera del foco mediático, en resoluciones técnicas y despachos regulatorios de Bruselas, pero el apagón ocurrido en abril pasado situó el debate en primera línea. La cuestión central es si se podría haber evitado, y la polémica en España sobre la responsabilidad se reactiva tras un fallo europeo que cuestiona la cooperación comunitaria en el intercambio de electricidad.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón al regulador energético europeo y avala un sistema automatizado de equilibrio eléctrico al que se opusieron varios operadores nacionales, incluida Red Eléctrica de España (REE), diseñado para reaccionar ante situaciones críticas en la red.
La sentencia, dictada el 23 de octubre de 2025, pone fin a un largo conflicto regulatorio en el mercado eléctrico europeo. El TJUE respalda la postura de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y rechaza los recursos presentados por los operadores de Polonia, Francia, Suecia y Países Bajos, que intentaban frenar la plena implantación de las plataformas europeas de balance eléctrico y del algoritmo que las gestiona.
España estuvo en el origen del litigio, pero no llegó hasta el final. REE, junto a otros operadores nacionales, recurrió las decisiones de ACER en primera instancia, perdió ante el Tribunal General de la UE en febrero de 2023 y decidió retirarse del proceso. Otros operadores continuaron el litigio y finalmente fueron derrotados en Luxemburgo.
El sistema, pensado para actuar en segundos, es clave para el funcionamiento de la red. La electricidad se negocia en distintos mercados, desde contratos a plazo hasta intradía, pero cuando todo se cierra, la red opera en tiempo real. En ese momento no hay margen para negociar: si la producción y el consumo no coinciden, el sistema debe ajustarse de inmediato para evitar apagones.
Ese ajuste se realiza mediante los llamados servicios de balance, y es aquí donde entra en juego el modelo avalado por la justicia europea. Desde 2017, la normativa comunitaria obliga a los operadores nacionales a compartir excedentes y déficits a través de plataformas europeas gestionadas por algoritmos capaces de cruzar ofertas en toda la UE y activar automáticamente la energía más eficiente disponible.
El conflicto surgió más por el control del algoritmo que por el algoritmo en sí, específicamente sobre quién decide qué información se suministra en los momentos previos al tiempo real. Esa información es la capacidad interzonal, que indica cuánta electricidad puede fluir entre países en cada instante.
Las redes nacionales defendían que esta función debía seguir gestionándose a nivel estatal, mientras que ACER sostenía que era una parte inseparable del algoritmo y, por tanto, debía administrarse de forma centralizada bajo supervisión europea. El TJUE ha respaldado esta última postura, concluyendo que la gestión de la capacidad interzonal es técnicamente esencial para el sistema de balance y no puede quedar fuera de las plataformas europeas ni de su control regulatorio. No basta con renombrarla como un "módulo" para eludir las normas comunes. Los recursos rechazados fueron presentados por los gestores de red de Polonia, Francia, Suecia y Países Bajos, que argumentaban que ACER había excedido sus competencias al imponer un modelo centralizado.
La sentencia subraya que la actualización continua de la capacidad interzonal constituye un "insumo esencial" para optimizar la activación de la energía y es indispensable para el correcto funcionamiento de las plataformas europeas de balance. Además, conecta directamente esta función con la seguridad del suministro, considerando que sin ella no se puede garantizar una operación eficiente y segura del mercado de balance europeo. En otras palabras, el algoritmo que decide qué energía activar segundos antes del tiempo real no puede funcionar correctamente si cada operador nacional controla unilateralmente los datos que lo alimentan.
Esa fue precisamente la tesis defendida por Evelyne Ameye, socia fundadora de EA Law y abogada de ACER. Según Ameye, justo antes del tiempo real, las redes europeas tienen capacidad técnica para intercambiar sobrantes en segundos; por ejemplo, la red de Polonia puede inyectar excedentes en España en apenas un par de segundos si Red Eléctrica no dispone de suficiente energía.