(El País, 21-09-2026) | Laboral
El Gobierno aprobó el pasado 15 de abril la reducción de la jornada semanal a 35 horas para los 250.000 empleados de la Administración General del Estado, frente a las 37 horas y media que realizaban hasta entonces. La medida ha reforzado las reivindicaciones de los trabajadores de las administraciones autonómicas y locales, que representan la mayor parte de los más de tres millones de empleados públicos del país y que, en algunos territorios, todavía mantienen una jornada superior.
Cuando se implantó la reducción en la Administración central, seis comunidades autónomas seguían aplicando con carácter general las 37 horas y media: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia y Navarra. En el resto ya estaba establecida una jornada media de siete horas diarias. Desde entonces, la situación ha comenzado a cambiar, aunque de manera desigual. Mientras algunas autonomías han alcanzado acuerdos para aplicar las 35 horas, en otras las negociaciones continúan abiertas y en algunos casos ni siquiera se han iniciado, lo que ha llevado a los sindicatos a plantear posibles movilizaciones.
En Madrid, la reducción de jornada continúa sin avances. Los sindicatos aseguran que intentaron trasladar la reivindicación a la negociación con el Ejecutivo autonómico después de que se aprobara para la Administración General del Estado, pero denuncian que la respuesta fue de bloqueo. Según explican, la Comunidad reclamó una propuesta que analizara la viabilidad de aplicar las 35 horas teniendo en cuenta el elevado número de empleados públicos afectados.
Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo madrileña señalan que están a la espera de recibir esa propuesta sindical. CC OO, sin embargo, sostiene que ya entregó un estudio sobre su aplicación por sectores y que posteriormente no se ha producido la reunión prevista para analizarlo. El sindicato ha advertido de que, si no se retoma la negociación, podría convocar movilizaciones e incluso paros.
Una situación similar se plantea en Galicia. UGT asegura que solicitó formalmente que el acuerdo alcanzado en la Administración estatal se trasladara a la comunidad, pero afirma que todavía no ha sido convocada a negociar. La Xunta, por su parte, señala que la reducción desde las 37 horas y media hasta las 35 requeriría modificar la legislación autonómica, aunque no ha concretado si tiene previsto iniciar ese proceso.
En Cataluña, donde también se mantiene la jornada de 37 horas y media, el Gobierno autonómico sí ha abierto conversaciones con los representantes de los trabajadores para estudiar la implantación de las 35 horas. Los sindicatos consideran que el proceso se encuentra bloqueado por las discrepancias sobre el cómputo anual de horas, mientras que la Generalitat sostiene que las negociaciones continúan y que mantiene su disposición a alcanzar un acuerdo.
Navarra mantiene igualmente las 37 horas y media. En los últimos meses, el diálogo entre el Gobierno foral y los sindicatos se ha concentrado en la elaboración de un nuevo estatuto para el personal de la Administración. El proyecto incorpora diferentes modificaciones en las condiciones de los empleados públicos, pero no contempla por ahora la reducción de la jornada a 35 horas. Los representantes sindicales han anunciado que incorporarán esta reivindicación a las conversaciones.
La situación es diferente en la Comunidad Valenciana, donde Generalitat y sindicatos han alcanzado recientemente un acuerdo para implantar las 35 horas semanales. La medida todavía está pendiente de su ratificación y publicación oficial para que pueda comenzar a aplicarse formalmente. En Baleares, por su parte, las 35 horas ya se aplican desde el 1 de junio en los servicios centrales de la Administración autonómica. La reducción también se había extendido con anterioridad a otros colectivos: el personal sanitario dispone de esta jornada desde enero de 2023 y el profesorado la incorporó durante el pasado curso.
De este modo, la decisión adoptada por la Administración General del Estado ha acelerado el debate sobre la jornada de los empleados públicos en las comunidades que todavía mantienen las 37 horas y media. El proceso avanza a ritmos distintos según el territorio, condicionado en algunos casos por la necesidad de modificar normas autonómicas y, en otros, por el estado de las negociaciones entre los gobiernos regionales y las organizaciones sindicales.