(El País, 23-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El gran apagón que afectó a la península Ibérica el 28 de abril del año pasado fue consecuencia de una combinación de factores que coincidieron en un mismo momento. Según la investigación europea elaborada por un grupo de expertos de Entso-e, la asociación que reúne a los operadores de redes eléctricas del continente, se produjo una serie de fallos encadenados en distintos niveles del sistema: desde compañías eléctricas y centrales de generación hasta instalaciones renovables y el propio operador del sistema, junto a un marco regulatorio inadecuado. Todo ello desembocó en una caída del suministro calificada como inédita.
La principal conclusión es que se trató de un problema de carácter sistémico que llevó al sistema eléctrico a un punto crítico del que no pudo recuperarse a tiempo. Incluso el proceso de reposición del suministro, que duró 16 horas y había sido valorado positivamente en un primer momento, presenta aspectos mejorables según el informe.
Pocos días después del incidente, Entso-e puso en marcha un grupo de trabajo para analizar lo ocurrido. Tras un informe preliminar en octubre en el que ya se señalaba la falta de información por parte de algunas empresas, ahora se ha presentado el documento definitivo, que incluye 22 recomendaciones para evitar que se repita una situación similar. Los expertos subrayan que su objetivo no era señalar culpables, sino identificar las causas del fallo.
El análisis detecta deficiencias en la gestión del sistema por parte de Red Eléctrica, especialmente en el control de la tensión, donde algunos procesos clave se realizaban de forma manual, lo que ralentizaba la toma de decisiones. Además, no existía un seguimiento en tiempo real de la potencia reactiva aportada por las centrales, un elemento esencial para mantener la estabilidad del sistema, lo que dificultó anticipar el riesgo cuando la tensión se acercó a niveles peligrosos.
También se señala a las grandes compañías eléctricas, ya que varios generadores convencionales no aportaron la potencia reactiva necesaria en los momentos críticos, quedándose por debajo de lo requerido por el operador.
En cuanto a las energías renovables, el informe apunta que su funcionamiento con un factor de potencia fijo limitó su capacidad de respuesta ante cambios en la tensión. A esto se sumó que numerosas instalaciones se desconectaron automáticamente antes de alcanzar los límites permitidos, lo que agravó la inestabilidad justo antes del apagón.
El documento también identifica problemas en el marco regulatorio. En España, el rango de tensión permitido en la red de alta tensión es más amplio que en otros países europeos, lo que reduce el margen de seguridad entre el funcionamiento normal y el punto en el que se activan las desconexiones automáticas. Además, se detecta la ausencia de incentivos y sanciones que obliguen a las centrales a cumplir con ciertos requisitos de comportamiento dinámico.
Otro factor que contribuyó al incidente fue el autoconsumo. Durante las oscilaciones de tensión, numerosas pequeñas instalaciones solares se desconectaron de forma automática, provocando un efecto en cadena que incrementó la inestabilidad del sistema. Los expertos también critican la dificultad para acceder a datos clave durante la investigación, una limitación que ya habían señalado en su informe preliminar. El documento final incluye recomendaciones agrupadas en cinco áreas: control de la tensión, gestión de oscilaciones, desconexiones, planes de contingencia y recuperación del sistema.
Tras la publicación del informe, Red Eléctrica ha defendido su actuación, asegurando que el apagón fue resultado de múltiples factores y que no puede atribuirse a un único responsable. La compañía sostiene que ya en su informe anterior aportó pruebas de que actuó conforme a la normativa en todo momento, antes, durante y después del incidente.