(El País, 25-06-2026) | Laboral
La intensidad del calor estival se ha ido incrementando año tras año, y con ello también ha aumentado la atención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales asociados a las altas temperaturas. Según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las actuaciones de control, las sanciones y los importes económicos derivados de incumplimientos empresariales han crecido de forma notable en los últimos veranos.
Entre junio y septiembre de 2022, las multas relacionadas con la exposición al calor ascendieron a unos 706.000 euros. Desde entonces, la tendencia ha sido ascendente, con aproximadamente un millón de euros en 2023, algo más de 1,06 millones en 2024 y alrededor de 1,56 millones en 2025. Este aumento refleja una intensificación de la vigilancia y también una mayor detección de incumplimientos. Las actuaciones inspectoras también han experimentado oscilaciones, pero con un fuerte repunte en 2025. En el verano de 2022 se registraron algo más de 4.600 intervenciones, cifra que descendió en 2023 y 2024, pero que se disparó en 2025 hasta superar las 10.800 actuaciones. Este incremento más reciente duplica ampliamente los niveles del inicio de la serie.
Dentro de estas actuaciones, cuando se detecta un posible incumplimiento, la Inspección emite requerimientos para que las empresas corrijan las deficiencias. Estos también han aumentado en el último año, pasando de algo más de 3.100 en 2022 a cerca de 4.750 en 2025. Las sanciones se aplican cuando las empresas no subsanan los problemas detectados. En este caso, la evolución también es ascendente: de 135 sanciones en 2022 se ha pasado a 292 en 2025, lo que se ha traducido en un aumento paralelo de las cuantías económicas impuestas.
Desde el Ministerio se subraya que este refuerzo responde tanto a la mayor frecuencia de episodios de calor extremo como a una mayor concienciación social y empresarial sobre los riesgos asociados. Además, se insiste en que la labor inspectora no se limita al verano, sino que se extiende durante todo el año mediante la verificación de protocolos preventivos en las empresas. El Gobierno ha reforzado estas actuaciones con nuevas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, incluyendo campañas informativas, mayor vigilancia en sectores especialmente expuestos como la construcción o la agricultura, y el envío de alrededor de 100.000 comunicaciones a empresas recordando sus obligaciones preventivas.
En materia de siniestralidad laboral, los datos oficiales atribuyen solo una pequeña parte de los accidentes al calor extremo, aunque sindicatos y expertos advierten de un posible infrarregistro, al considerar que muchas incidencias relacionadas con el estrés térmico se clasifican bajo otras causas.
La normativa vigente establece límites y protocolos de actuación en función de las alertas meteorológicas, incluyendo la posibilidad de paralizar trabajos al aire libre en episodios de riesgo elevado y restricciones de temperatura en interiores, especialmente en tareas físicas. En paralelo, el Gobierno ha impulsado nuevas iniciativas legislativas para reforzar la prevención frente a las altas temperaturas en el trabajo, aunque su aprobación es incierta al no contar con el respaldo de la patronal y depender de mayorías parlamentarias complejas.