(El Economista, 24-02-2026) | Fiscal
La Comunidad de Madrid está elaborando una ley que obligará a su Hacienda autonómica a pedir disculpas a los contribuyentes que ganen un litigio fiscal en los tribunales cuando una sentencia reconozca que se vulneraron sus derechos. Asimismo, la Administración deberá agradecer la colaboración prestada durante una inspección si finalmente el ciudadano no resulta regularizado ni sancionado.
El Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso trabaja en el Anteproyecto de Ley de Defensa del Contribuyente, que regulará las relaciones entre la Hacienda madrileña y los ciudadanos -tanto particulares como empresas- en materia tributaria. La iniciativa surge en un contexto de crecientes críticas hacia la Agencia Tributaria estatal por su supuesta presión recaudatoria, reflejada en los elevados ingresos fiscales de los últimos años. Incluso el despacho internacional Amsterdam & Partners ha denunciado al fisco español ante la OCDE y la ONU por presuntas prácticas persecutorias y por los incentivos que reciben los inspectores.
A finales del pasado año también se creó la asociación "Movimiento de contribuyentes en acción", destinada a proteger los derechos de empresas, autónomos y particulares frente a la Administración tributaria. La norma madrileña contempla la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente -similar a la existente a nivel estatal- donde los ciudadanos podrán presentar quejas y sugerencias. Este organismo también tendrá capacidad para proponer mejoras en el sistema tributario autonómico y cambios normativos, y elaborará un informe anual con su actividad y recomendaciones.
Además, el proyecto prevé la puesta en marcha de un órgano autonómico equivalente a una Dirección General de Tributos. Tanto empresas como particulares podrán plantearle consultas sobre cómo tributar en casos concretos y recibirán respuestas con carácter vinculante.
La Comunidad de Madrid habilitará igualmente un portal digital específico para gestiones fiscales, donde los usuarios dispondrán de una "carpeta tributaria" para consultar el estado de sus expedientes, efectuar pagos y realizar trámites. También se reforzará la atención al contribuyente, tanto presencial como telemática, con asistencia para confeccionar autoliquidaciones, presentarlas o solicitar aplazamientos.
Por otro lado, cuando un inmueble carezca de valor de referencia o no pueda certificarse por el Catastro, la Administración autonómica realizará una valoración previa para que los ciudadanos sepan de antemano cuánto deberán abonar por impuestos como Transmisiones Patrimoniales o Sucesiones y Donaciones. La futura ley también obligará a simplificar el lenguaje administrativo en formularios y comunicaciones para hacerlo más comprensible.
Según el Ejecutivo regional, el objetivo es fortalecer la posición de los contribuyentes, garantizar sus derechos y deberes, reducir cargas burocráticas y costes indirectos, y crear un clima de confianza que favorezca el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.