(Cinco Días, 22-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La gran industria española afronta los próximos meses con preocupación ante el fuerte incremento de los costes energéticos. Diez organizaciones empresariales que representan a algunos de los principales sectores productivos del país han trasladado al Gobierno que el encarecimiento de la electricidad, el gas y los carburantes está deteriorando su competitividad y ya está provocando paradas puntuales en determinadas instalaciones industriales. Los representantes del sector anticipan, además, un empeoramiento de la situación durante el otoño y el invierno si los precios mantienen su actual trayectoria.
Anfac, Sernauto, Aspapel, Feique, AEGE, Gas Industrial, Sercobe, Oficemen, Unesid y Ascer participaron este lunes en una reunión con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, a quienes expusieron el impacto que está teniendo la crisis energética sobre la actividad manufacturera.
Los representantes empresariales trasladaron que ya están detectando una reducción progresiva del consumo energético, un indicador que relacionan directamente con una menor actividad de las fábricas. La situación preocupa especialmente porque el descenso de la producción podría intensificarse durante los próximos meses si continúan aumentando los costes de electricidad, gas y combustibles.
Durante el encuentro, que se prolongó aproximadamente dos horas en el Ministerio de Economía, los ministros reconocieron su preocupación por la evolución de los precios. También recordaron que las medidas de apoyo aprobadas en los anteriores reales decretos de respuesta a la crisis finalizan el próximo 30 de septiembre. El Ejecutivo todavía no ha concretado qué actuaciones adoptará posteriormente y ha señalado que las reglas europeas limitan el margen para nuevas rebajas fiscales, aunque Bruselas también reclama medidas que impulsen la reindustrialización.
Las empresas industriales calculan que el precio de la electricidad podría duplicarse respecto a los niveles registrados durante el verano. Según sus estimaciones, el coste pasaría de unos 85 euros por megavatio hora a alrededor de 170 euros por MWh durante el otoño. A esta situación se suma el fuerte incremento del gas y de los carburantes, cuyos precios se encuentran en niveles que el sector no registraba desde hace varios años.
El encarecimiento de la energía está llevando a algunas compañías a detener temporalmente su producción durante las franjas horarias en las que resulta más caro fabricar. Las organizaciones empresariales temen que estas paradas se generalicen y terminen derivando en una reducción de turnos y, eventualmente, en ajustes de las plantillas. A ello se añade el riesgo de una pérdida de demanda, ya que las empresas pueden verse obligadas a trasladar parte del aumento de los costes a los precios finales de sus productos.
La reunión fue convocada por el propio Gobierno para conocer de primera mano la situación de los diferentes sectores industriales y comparar el escenario actual con el existente al comienzo de la crisis energética provocada por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Ejecutivo también quería evaluar el efecto de las medidas incluidas en los dos reales decretos aprobados para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra y conocer las perspectivas empresariales para los próximos meses.
Los responsables económicos del Gobierno están manteniendo encuentros con los principales sectores afectados por la inestabilidad geopolítica. Además de la industria, este lunes se celebraron reuniones con representantes del sector agroalimentario. Los empresarios industriales consideran que, varios meses después del inicio del conflicto, la situación energética es incluso más complicada que al principio, mientras los mercados mantienen una elevada incertidumbre ante la evolución de las negociaciones y las distintas treguas anunciadas.
El Ejecutivo aprobó durante la primavera un conjunto de medidas destinadas a amortiguar el impacto de la crisis sobre la economía española y posteriormente prorrogó parte de estas ayudas durante el verano. Sin embargo, estas medidas tienen como fecha de finalización el próximo 30 de septiembre, coincidiendo con un momento en el que la inflación se encuentra en niveles elevados, impulsada principalmente por el aumento de los costes energéticos. Una eventual prórroga de las ayudas o la aprobación de nuevos mecanismos de apoyo exigiría al Gobierno aprobar otro real decreto-ley. Posteriormente, la norma tendría que ser convalidada por el Congreso de los Diputados en el plazo máximo de 30 días.
La industria reclama ahora mayor visibilidad sobre las medidas que estarán disponibles en 2027 para poder calcular sus costes y preparar con mayor certidumbre sus planes de producción e inversión. Entre sus principales peticiones figura mantener durante el próximo año la exención del 80% de los peajes eléctricos y elevar las compensaciones por los costes indirectos de CO2 desde los actuales 600 millones hasta 900 millones de euros, dentro de los límites establecidos por la normativa europea sobre ayudas de Estado. Estas medidas se suman a las ya adoptadas durante 2026. En abril, el primer paquete de apoyo recuperó la exención del 80% de los peajes eléctricos para la industria y elevó de 300 a 600 millones de euros las compensaciones vinculadas al coste del CO2.
Las organizaciones industriales también apuntan a las medidas aplicadas en otros países europeos. Entre ellas citan el mecanismo aprobado en Alemania para limitar el coste de la electricidad para determinados consumidores industriales a 50 euros por MWh, como ejemplo de las distintas fórmulas que podrían estudiarse para contener el impacto de los precios energéticos sobre la industria. Los sectores con una mayor dependencia del gas reclaman, además, ayudas directas. El precio de este combustible ha pasado de situarse alrededor de los 30 euros por MWh antes de la escalada del conflicto con Irán a superar actualmente los 80 euros por MWh, según los representantes empresariales.
Las advertencias de la industria sobre el impacto de los costes energéticos se han repetido en las últimas semanas. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa a nueve de los principales sectores industriales del país, ha calculado que la crisis derivada del conflicto en el Golfo Pérsico ha añadido unos 7.400 millones de euros a la factura de electricidad, gas y carburantes de los fabricantes. Ante este escenario, la organización ha reclamado medidas urgentes para proteger la actividad industrial y el empleo.