(El País, 23-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La estadística pretende medir la realidad para facilitar decisiones acertadas, aunque no siempre logra reflejarla por completo. Del Índice de Precios al Consumo (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística dependen decisiones clave como los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo, las negociaciones salariales o la revalorización de las pensiones. Sin embargo, ni los datos del INE ni los del sistema estadístico europeo capturan plenamente uno de los gastos que más pesan sobre los ciudadanos: la vivienda.
La Generalitat de Cataluña ha diseñado un indicador alternativo -al que ha tenido acceso EL PAÍS- para complementar la medición oficial de la inflación. Sus conclusiones son claras: el encarecimiento de la vivienda en la última década ha anulado la mejora del poder adquisitivo. En muchas sociedades occidentales existe malestar por la pérdida de capacidad de compra tras la Gran Recesión. En España, los datos oficiales apuntaban a ligeros avances. Pero al incorporar la vivienda en el cálculo, esa mejora desaparece: el aumento de los precios inmobiliarios explica buena parte del descontento.
El debate sobre si incluir el coste de adquirir una vivienda en la cesta del IPC ha ganado relevancia y ha llegado incluso al Consejo de Gobierno del BCE. Tras el inicio de la guerra en Ucrania y el repunte energético, los sectores más partidarios de una política monetaria estricta defendieron que se incorporara la vivienda en propiedad, conscientes de que eso elevaría aún más la inflación. Aunque países como España, Francia o Irlanda mostraron reservas, el BCE aceptó estudiar la cuestión. Su economista jefe, Philip Lane, señaló el año pasado en el encuentro de banqueros centrales en Sintra (Portugal) que sería deseable reformar el IPC, aunque la decisión corresponde al Sistema Estadístico Europeo.
Las reticencias de los estadísticos se deben a la complejidad técnica de medir ese componente. Aun así, existen fórmulas para abordarlo. Un estudio elaborado por Anna Monreal, de la dirección general de Análisis y Prospectiva Económica de la Generalitat, propone un indicador que debe entenderse como complemento del IPC, no como sustituto. Parte de la premisa de que la metodología actual infravalora el peso de la vivienda, ya que el IPC solo recoge el alquiler -con un peso aproximado del 5%- y no la compra. El resto del apartado se limita a suministros y mantenimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, la vivienda supera el 40% del índice.
Fuentes en Fráncfort estiman que, si se introdujera la vivienda en propiedad, la inflación de la zona euro aumentaría entre una y dos décimas, aunque en países con mayores subidas inmobiliarias el impacto sería superior. Algunos expertos subrayan que, desde el punto de vista conceptual, la compra de vivienda se considera inversión y no consumo, aunque reconocen que afecta al poder adquisitivo porque reduce la capacidad de gasto en otros bienes.
El informe que la Generalitat presentará en Barcelona propone otorgar a la vivienda un peso del 34,8%, acorde con la estructura real de gasto de los hogares analizada por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Incluye tanto vivienda nueva como de segunda mano. Según el documento, este enfoque refleja mejor el coste de la vida y permite medir con mayor precisión las ganancias o pérdidas de poder adquisitivo. Además, muestra que la inflación sería más alta en periodos en los que la energía no registra grandes variaciones, al incorporar el impacto constante del mercado inmobiliario.
Las cifras son reveladoras. Entre 2014 y 2023, el salario bruto medio en Cataluña aumentó un 25,3%, mientras que el IPC lo hizo un 20%, lo que implicaría una mejora del poder adquisitivo. Sin embargo, si se añade el precio de la vivienda al índice, el coste de la vida habría subido un 26,8%, borrando ese avance. Expertos como Jorge Galindo, de EsadeEcPol, destacan que tanto la evolución de los precios como las expectativas futuras tienen un efecto muy significativo sobre la capacidad económica de las familias. Jóvenes que intentan emanciparse o migrantes que buscan establecerse conocen bien el peso del ahorro necesario para acceder a una vivienda, lo que reduce notablemente su margen de consumo.
En definitiva, el fuerte aumento de los alquileres y de los precios de compraventa ha convertido la vivienda en un factor determinante para explicar la percepción de pérdida de poder adquisitivo. Se incluya o no en el IPC, su impacto sobre cientos de miles de personas es innegable.