(Expansión, 20-10-2025) | Fiscal
Un informe liderado por el ex primer ministro italiano Enrico Letta resalta el potencial de las economías mediterráneas para situarse al frente del desarrollo europeo, aunque advierte que las debilidades estructurales de España podrían limitar su capacidad para asumir ese liderazgo.
El documento señala que el papel de España como motor económico del Mediterráneo, consolidado en la última década, podría verse comprometido si no se acometen reformas profundas en ámbitos como la fragmentación territorial, la elevada presión fiscal o la ineficiencia del sistema judicial, especialmente en lo relativo a los largos plazos de tramitación y la complejidad de los procedimientos administrativos.
El estudio, titulado Invertir en el Mediterráneo: dinámicas en Italia y España -elaborado por The European House Ambrosetti (TEHA) y Amazon, y presentado en la sede de IE University en Madrid- destaca el papel de España como referente económico e imán para la inversión extranjera en la región. En la última década, el país ha atraído 300.000 millones de euros en inversión exterior, muy por encima de los 191.000 millones captados por Italia.
Sin embargo, el informe advierte que este liderazgo podría verse amenazado por la falta de coordinación normativa entre comunidades autónomas, lo que genera "dificultades para ofrecer un entorno adecuado a los inversores". Según el texto, el alto grado de descentralización del sistema español provoca un "solapamiento de competencias" entre comunidades autónomas, municipios y organismos estatales, con límites difusos de autoridad y jerarquía normativa.
Por el contrario, aunque las administraciones italianas son percibidas como menos eficientes por sus ciudadanos, Italia cuenta con una estructura más centralizada y coherente. Esta "mayor homogeneidad normativa", apunta el informe, reduce las fricciones institucionales y proporciona a las empresas un marco más predecible y estable, lo que facilita la ejecución de proyectos de inversión a escala nacional.
Esa diferencia ya se refleja en los costes operativos: las pymes españolas dedican una media de 27,7 horas mensuales a trámites burocráticos, frente a las 26,2 horas en Italia, una brecha que impacta directamente en la productividad. La comparación con Polonia, el país de la UE con menor carga administrativa, resulta aún más desfavorable, ya que allí las pymes solo destinan 12,3 horas mensuales a estas gestiones, un 55,6% menos que en España.
Para revertir esta situación, el estudio propone medidas como implantar ventanillas únicas para inversores o armonizar los procedimientos administrativos entre comunidades autónomas. Además, las demoras en la tramitación de permisos suponen otro obstáculo relevante para la inversión extranjera: una empresa tarda de media 2,18 años en abrir una planta de producción en España, mientras que en Italia el proceso se completa en menos de 22 meses (1,81 años).
El informe también cuestiona la eficiencia del sistema judicial español, al vincular su lentitud con la falta de atractivo para los inversores. Aunque actualmente los plazos en España son algo más cortos que en Italia, esta ventaja podría desaparecer pronto, ya que el país transalpino ha logrado reducir en un 8,5% los tiempos de los procesos judiciales de primera instancia, mientras que en España estos han aumentado un 36% desde 2015.