(El Economista, 12-11-2025) | Fiscal
La llamada financiación singular catalana -destinada a reconocer las particularidades de Cataluña y a reforzar su autonomía fiscal y de autogobierno- ha quedado, por el momento, en suspenso. Todo apunta a que no llegará a materializarse durante esta legislatura, como demuestran los últimos acontecimientos: la retirada por parte de ERC de su proposición de ley sobre la cesión del IRPF y las recientes declaraciones del Gobierno de Pedro Sánchez. El tiempo se agota, y se confirma así la previsión que fuentes políticas catalanas expresaron a este medio en junio: "No creemos que esta financiación vaya a salir adelante".
El hecho más significativo ha sido la decisión del grupo parlamentario de ERC de retirar la proposición de ley que permitiría a la Generalitat recaudar, gestionar e inspeccionar el IRPF. El pasado 31 de octubre, la iniciativa fue sustituida por otra centrada en medidas fiscales contra la especulación inmobiliaria. Aunque no se han ofrecido explicaciones públicas, la causa es evidente: transferir a una comunidad autónoma la gestión del principal impuesto del sistema fiscal español -que representa cerca del 45% de la recaudación total- requeriría modificar la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), algo que solo puede hacerse con mayoría absoluta, actualmente inalcanzable para cualquier grupo político.
Además, el Gobierno central no parecía dispuesto a respaldar la propuesta, pese a que su aprobación era una de las condiciones de ERC para apoyar los Presupuestos Generales de 2026. Aunque el Ejecutivo insiste en presentar las cuentas, ya asume que difícilmente serán aprobadas, por lo que la iniciativa de Esquerra ha dejado de ser una prioridad. En paralelo, el Gobierno ha anunciado su intención de iniciar los trabajos para un nuevo modelo general de financiación autonómica.
"Han cambiado el enfoque: de la financiación singular a una negociación multilateral, en parte para reforzar la posición de María Jesús Montero en Andalucía", explica el inspector de Hacienda Francisco de la Torre a elEconomista.es. "Es una maniobra importante -añade-. El Estado ha prometido aumentar en 23.000 millones de euros los recursos para todas las comunidades, incluida Cataluña, mediante más impuestos cedidos y fondos adicionales. Pero eso disparará el déficit".
Por ahora, el anuncio del nuevo sistema de financiación autonómica no ha pasado del papel. Fuentes de la Junta de Andalucía confirman que el Gobierno "no se ha puesto en contacto con nosotros para tratar este tema", lo que indica que tampoco lo ha hecho con las demás regiones.
Según los expertos, esta iniciativa generalizada podría servir para "diluir" la propuesta específica para Cataluña, mientras permite a la ministra de Hacienda encarar su posible candidatura en Andalucía con una imagen de equilibrio territorial, defendiendo un modelo que beneficie a todas las autonomías por igual. Incluso el portavoz de ERC en el Congreso, Isaac Albert, declaró recientemente que Montero "actúa más como candidata del PSOE en Andalucía que como ministra de Hacienda".
Aunque en el acuerdo firmado entre el Gobierno y la Generalitat en julio se incluía la futura financiación singular dentro de la reforma del sistema de financiación autonómica, con la posibilidad de que otras comunidades se sumaran, esa condición ha ralentizado el proceso y complica los plazos. A ello se suma la actual debilidad parlamentaria del Ejecutivo tras la ruptura con Junts.
En Cataluña, la situación tampoco avanza. La comisión de expertos creada por la Generalitat en el verano de 2024 para elaborar propuestas sobre el nuevo modelo debía presentar sus conclusiones el pasado 30 de junio. Más de cuatro meses después, el Govern de Salvador Illa aún no ha recibido dicho informe, lo que retrasa aún más cualquier posibilidad de acuerdo sobre la financiación singular.