(El País, 12-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo
La reforma del mercado eléctrico, acordada por la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea a finales de diciembre del año pasado, ha recibido este jueves el respaldo definitivo del Parlamento Europeo, coincidiendo con una fuerte caída de los precios en el mercado mayorista español. Esto representa una paradoja en un cambio impulsado por España debido al incremento descontrolado de los precios de la electricidad a mediados de 2021, con el objetivo de proteger a los consumidores frente a la volatilidad de los precios de la luz y, al mismo tiempo, promover el despliegue acelerado de las energías renovables.
La norma, que consta de un reglamento y una directiva, ha sido ratificada por una amplia mayoría en la cámara (433 votos a favor, 140 en contra y 15 abstenciones, y 473 votos a favor, 80 en contra y 27 abstenciones, respectivamente), aunque aún debe recibir el respaldo formal del Consejo para convertirse en ley.
El texto aprobado no modifica el modelo de formación de precios marginal, que sigue considerando la tecnología más cara (actualmente el gas) como referencia, pero deja abierta la posibilidad de revisarlo dentro de tres años. Este sistema marginalista fue diseñado para impulsar el desarrollo de las renovables cuando los sistemas eléctricos dependían principalmente de tecnologías fósiles, asegurando así que todas las tecnologías reciban una compensación basada en el precio más alto para fomentar la inversión en energías limpias.
En un contexto dominado por las renovables (España generó más del 50% con estas tecnologías el año pasado), la lógica marginalista pierde relevancia, por lo que es probable que se requiera una nueva reforma cuando las renovables se generalicen en toda Europa o si los precios de mercado muestran frecuentemente escenarios similares a las últimas semanas en España, con muchas horas de precios cero e incluso negativos.
El cambio principal implica promover los mercados a plazo para aumentar su liquidez. Esta es la estrategia acordada para reducir la volatilidad de los precios, facilitando el uso de dos instrumentos: los acuerdos de compra de energía (PPA), entre generadores y consumidores, y los "contratos por diferencias" (CFD), que son contratos entre el productor de energía y un gobierno para apoyar las inversiones en generación eléctrica. De esta manera, si el precio de mercado es inferior al acordado en el contrato, el gobierno compensará al productor, y si es superior, el productor reembolsará al gobierno, evitando ganancias excesivas.
Además, se permitirá el uso de estos contratos (CFD) en todas las inversiones en nueva producción de electricidad, ya sea a partir de energía renovable o nuclear. Este fue un punto clave durante las negociaciones entre marzo y diciembre del año pasado, marcadas por las discrepancias entre Francia, que quería favorecer a sus centrales nucleares, y Alemania, que buscaba proteger su industria. La propuesta española de obligar a las tecnologías existentes (como la nuclear e hidráulica) a suscribir CFD fue rechazada por las compañías y la Comisión Europea.
La futura ley del mercado eléctrico incluye medidas para proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, garantizando el acceso a contratos de precio fijo o dinámico y proporcionando información relevante sobre las opciones de suscripción. Además, establece un mecanismo para declarar una crisis de precios de la electricidad bajo ciertas condiciones, preparando una respuesta en caso de repuntes similares a los ocurridos hace dos años. En resumen, esta reforma representa un avance hacia una democratización de la energía, creando un diseño de mercado que aborda las deficiencias expuestas por la crisis energética.