(El Economista, 12-01-2026) | Laboral
En el último lustro, la brecha territorial entre la pensión media más alta, que corresponde a los jubilados del País Vasco, y la más baja, percibida en Extremadura, se ha ampliado en unos 100 euros mensuales, lo que equivale a 1.330 euros al año, un incremento cercano al 20%. Al cierre de 2024, la pensión media de jubilación alcanzó los 1.512 euros al mes. Sin embargo, los pensionistas vascos recibían de media 1.841 euros mensuales, la cifra más elevada del país, mientras que los extremeños se situaban en el extremo opuesto, con 1.279 euros, es decir, 562 euros menos al mes. Esta diferencia supone actualmente una brecha del 44%, una desigualdad que se repite desde que existen datos, aunque con una tendencia clara al ensanchamiento.
Estas disparidades regionales responden, en gran medida, a las trayectorias laborales de los actuales pensionistas. Así lo señala el informe Las pensiones de la Seguridad Social en las comunidades autónomas, elaborado por el Instituto BBVA, que destaca que el País Vasco es la región con mayor remuneración neta y Extremadura la que presenta los ingresos medios más bajos. Según el estudio, la distancia entre ambas asciende a 11.700 euros anuales, lo que representa un 26,6% más. Junto con la edad de jubilación y los años cotizados, estas diferencias salariales explican el importe final de las pensiones.
Más allá del valor medio de las prestaciones, otros indicadores reflejan la magnitud de las desigualdades territoriales. Uno de ellos es la distribución de las pensiones en vigor por tramos de cuantía. En diciembre de 2025, el 58% de los pensionistas en España cobraba una prestación inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Esta proporción se elevaba notablemente en comunidades con pensiones más bajas: alcanzaba el 73% en Extremadura, el 68% en Galicia, el 67% en Andalucía y el 66% tanto en Murcia como en Canarias. Por el contrario, en regiones con pensiones superiores a la media nacional, la concentración de prestaciones por debajo del SMI es sensiblemente menor, como ocurre en el País Vasco, donde afecta al 40% de los pensionistas, Navarra con un 44%, Madrid y Asturias con un 47%, o Aragón con un 53%.
Otro dato revelador es el uso del complemento a mínimos, un mecanismo que eleva la pensión contributiva cuando no alcanza el umbral legal, fijado en 2025 en 9.193 euros anuales para hogares unipersonales y en 10.723 euros para aquellos con cónyuge a cargo. En Extremadura, un 33% de las pensiones de jubilación necesitan este complemento, frente al 9,5% en el País Vasco. La media nacional se sitúa en el 18%, aunque en comunidades como Galicia y Castilla-La Mancha más de una cuarta parte de los jubilados requiere este apoyo adicional.
El informe del Instituto BBVA subraya que estas diferencias no resultan sorprendentes en un sistema de pensiones de carácter contributivo. A menores cotizaciones a lo largo de la vida laboral, menores prestaciones en la jubilación. En este sentido, la cotización media anual por trabajador es claramente superior en el País Vasco, con 7.255 euros, frente a los 5.319 euros registrados en Extremadura.
La dependencia de las pensiones como principal fuente de ingresos también varía según el territorio. Si se compara el número de jubilados con la población total, hay provincias donde más del 30% de los habitantes percibe una pensión contributiva, como Ourense, Lugo, León o Asturias. A nivel nacional, la media se sitúa en el 21% al cierre de 2024, lo que equivale a una de cada cinco personas. No obstante, en 19 provincias, entre ellas las tres vascas, buena parte de Castilla y León, Asturias o Cantabria, uno de cada cuatro ciudadanos vive de una pensión. Por comunidades autónomas, la proporción de pensionistas alcanza el 26% tanto en el País Vasco como en Castilla y León, un reflejo del acusado envejecimiento demográfico.
Las diferencias en envejecimiento y dependencia también son notables. De acuerdo con el último Índice de Envejecimiento del INE, Asturias, Castilla y León y Galicia encabezan la lista de regiones con mayor peso de población de edad avanzada. Estas mismas comunidades destacan asimismo en la tasa de dependencia de mayores de 64 años y en el número de afiliados por pensionista.
El informe del Instituto BBVA también vincula las desigualdades en las pensiones a las diferencias de productividad entre comunidades autónomas. Las regiones con mayores niveles de productividad tienden a registrar salarios más elevados y, en consecuencia, pensiones más altas. Lo que ocurre en el ámbito productivo y laboral resulta determinante para el sistema de pensiones, ya que existe una relación directa entre productividad, salarios y prestaciones de jubilación.
En esta línea, el último Observatorio de la Productividad del Ivie pone de relieve que, tras la pandemia, la productividad total de los factores ha mejorado en todas las comunidades autónomas excepto en Extremadura, donde permaneció estancada entre 1995 y 2020 y ha mostrado un comportamiento negativo entre 2020 y 2023, con una caída del 0,87%. Se trata de la única región que ha perdido eficiencia en el periodo posterior a la crisis sanitaria. Por el contrario, Baleares, Canarias, el País Vasco y Cataluña figuran entre las comunidades que más han contribuido al aumento de la productividad en los últimos años. En conjunto, la productividad de España creció cerca de un 2% en 2024, frente al descenso del 0,7% registrado de media en la Unión Europea.